Tres directivos y personas vinculadas a una clínica de Pergamino deberán afrontar un desembolso conjunto de 75 millones de pesos, en el marco de un acuerdo de reparación integral del perjuicio económico investigado.

El entendimiento fue alcanzado entre la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Matías Di Lello, y representantes legales del PAMI. 

Posteriormente, el acuerdo fue homologado por el juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo.

La causa se originó a partir de una serie de irregularidades detectadas en la facturación de prestaciones médicas. De acuerdo con la investigación, se habrían registrado y cobrado ante la obra social de los jubilados prácticas que, según los propios afiliados, nunca habían sido realizadas.

El caso tomó impulso a partir de una situación detectada por una mujer de Pergamino cuando ingresó a la plataforma digital del PAMI para realizar un trámite relacionado con su madre.

Al revisar el historial de prestaciones, encontró registradas distintas prácticas médicas que llamaron su atención. Entre ellas figuraban estudios como resonancias, ecografías y radiografías que, según manifestó posteriormente la afiliada, nunca se había realizado.

La situación fue comunicada al organismo, que llevó adelante una auditoría y posteriormente presentó una denuncia ante la Justicia Federal.

A partir de las primeras medidas, la Fiscalía logró individualizar 28 casos concretos en los que se habrían facturado prestaciones no realizadas. En esa etapa inicial, el perjuicio económico acreditado fue estimado en aproximadamente $1,3 millones.

Los investigadores consideraron que la cantidad de casos podría ser mayor, aunque entendieron que los hechos ya documentados resultaban suficientes para avanzar con la investigación penal.

Entre las prestaciones cuestionadas aparecían consultas, prácticas quirúrgicas, tratamientos, estudios diagnósticos y otras atenciones médicas que habrían sido incorporadas a la facturación del PAMI pese a que los pacientes involucrados negaron haberlas recibido.

Con el avance de la causa y el vencimiento de los plazos establecidos para profundizar determinadas medidas de prueba, las partes arribaron a un acuerdo para reparar económicamente el perjuicio.

El monto establecido asciende a 75 millones de pesos y contempla tanto la fianza como la reparación integral acordada en el marco del proceso.

La figura de la reparación integral permite, bajo determinadas condiciones y con la intervención de la Justicia, suspender la continuidad del proceso penal cuando existe conformidad de la parte damnificada y se cumplen los requisitos legales correspondientes.

En este caso, el PAMI manifestó su conformidad con el resarcimiento, mientras que el magistrado interviniente otorgó la correspondiente homologación judicial.

De esta manera, la causa vinculada a las presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas da un nuevo paso, luego de una investigación que puso bajo la lupa los mecanismos administrativos utilizados para cobrar servicios médicos que los afiliados denunciaron no haber recibido.