Una organización criminal devolvió el dinero que le despojaron a un jubilado en una estafa telefónica

Un jubilado de 74 años fue víctima de una estafa en Pergamino luego de recibir una videollamada por WhatsApp en la que delincuentes se hicieron pasar por representantes de un supermercado y lo indujeron a instalar una aplicación para acceder a sus cuentas. 

El episodio ocurrió durante la mañana del lunes 13 de abril.   Los interlocutores le manifestaron que se comunicaban para ofrecerle un supuesto beneficio del 35 por ciento de descuento destinado a jubilados. La conversación derivó luego en una videollamada que se extendió durante aproximadamente una hora.

En el transcurso de la comunicación, los delincuentes convencieron al jubilado de descargar una aplicación de asistencia remota en su teléfono. De esta manera, habrían conseguido acceder a información y operaciones de sus dispositivos, mientras el damnificado ingresaba a su cuenta del Banco Nación. Posteriormente se realizaron distintas transferencias de dinero hacia cuentas bancarias pertenecientes a personas que el jubilado manifestó no conocer.

Una de las operaciones alcanzó los $951.140,53 y fue enviada a una cuenta de Banco Naranja. La segunda transferencia registrada fue por $479.000 y tuvo como destinataria otra cuenta bancaria. En total, el perjuicio económico denunciado superó los 1,4 millones de pesos.

A partir de la denuncia, el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Fiscalía 3 del Departamento Judicial Pergamino, dispuso las primeras medidas destinadas a reconstruir el recorrido del dinero y determinar quiénes habían resultado beneficiados por las transferencias.

Desde ámbitos judiciales señalan que, en determinados casos de defraudaciones, los involucrados pueden optar por reparar económicamente el perjuicio cuando son identificados y enfrentan una investigación con elementos que podrían comprometerlos.

El caso del jubilado de 74 años terminó con la recuperación de los fondos y una salida mediante mediación, después de que la investigación de la Fiscalía  3 permitiera identificar a los titulares de las cuentas receptoras y adoptar medidas para impedir que el dinero continuara circulando.

Entre las medidas adoptadas se requirió al Banco Central de la República Argentina el bloqueo de los CUIL vinculados con las cuentas que habían recibido los fondos. La decisión tuvo como objetivo evitar que el dinero pudiera continuar siendo utilizado y, al mismo tiempo, preservar elementos relevantes para la investigación.

Desde la Fiscalía  3, el secretario Juan Martín Fontana avanzó en la individualización de las personas relacionadas con las cuentas receptoras. 

Una vez identificados los sospechosos se presentaron en el expediente mediante abogados particulares. Profesionales de un estudio jurídico de la ciudad de Córdoba asumieron la representación y formularon los correspondientes descargos ante la Justicia.

En ese contexto, y teniendo en cuenta el estado inicial de la investigación, la situación procesal de los imputados y, fundamentalmente, la necesidad del damnificado de recuperar el dinero perdido, las partes comenzaron a explorar una salida alternativa al desarrollo de un juicio oral.

El proceso derivó finalmente en una instancia de mediación, mediante la cual se acordó la reparación económica del perjuicio ocasionado. El jubilado aceptó el resarcimiento y los imputados reintegraron el dinero obtenido mediante la maniobra, junto con los intereses correspondientes.

Uno de los aspectos que habría tenido particular incidencia en la resolución del conflicto fue el bloqueo de los CUIL asociados a las cuentas investigadas. Esa medida impedía a los involucrados operar normalmente con esas identificaciones y desarrollar actividades comerciales o financieras.

La rapidez con la que avanzó la instrucción judicial y la decisión de inmovilizar las cuentas generaron, según fuentes vinculadas con el expediente, un escenario que favoreció las gestiones de los abogados para alcanzar un acuerdo con el damnificado.

Una vez concretada la reparación económica, se habilitó el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre los involucrados, conforme a las condiciones establecidas en el marco del proceso judicial.

La resolución permitió cerrar el conflicto económico con la víctima sin que el caso avanzara hacia una instancia de debate oral, aunque la modalidad empleada por los delincuentes volvió a poner en evidencia una de las formas de fraude que más afecta a los adultos mayores.