Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca modificar las reglas de adopción para contemplar especialmente los casos en los que un niño permanece durante más de un año con una misma familia de tránsito. Se destaca la figura de "referente afectivo".

La iniciativa, impulsada por el diputado Nicolás Massot, establece que cuando un niño, niña o adolescente lleve más de 365 días bajo el cuidado de una familia de acogimiento, el juez deberá considerar especialmente el vínculo construido antes de resolver su futuro.

El planteo que se abordará en el Congreso Nacional parte de una situación que puede producirse cuando una medida pensada originalmente como temporal se extiende durante meses o años. En ese período, el niño puede generar vínculos afectivos profundos y convertir a esa familia en su principal referencia cotidiana.

“El paso del tiempo no puede otorgar automáticamente a un adulto el derecho a adoptar, pero tampoco puede ser indiferente en la vida de un niño. Si un tránsito pensado para algunos meses se prolonga durante años, el vínculo construido deberá formar parte de la decisión”, señaló Massot.

La propuesta no establece que la permanencia durante un año otorgue automáticamente el derecho a adoptar. Si la familia de tránsito manifiesta su voluntad de hacerlo, deberá atravesar una evaluación integral de idoneidad e incorporarse al registro de adoptantes.

La decisión final continuará en manos del juez y deberá estar guiada por el interés superior del niño. Al momento de resolver, el magistrado deberá analizar la duración y calidad del vínculo, la estabilidad del hogar, la continuidad de los cuidados y las consecuencias que podría generar una eventual separación. También deberá ser escuchada la opinión del niño, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez.

Actualmente, el acogimiento familiar tiene carácter temporal y no genera por sí mismo un derecho a adoptar. Esta regla busca evitar que una persona se presente como familia de tránsito con el objetivo de eludir el procedimiento establecido y obtener una ventaja frente a quienes ya están inscriptos en el registro de adoptantes.

El proyecto mantiene esa prevención, pero plantea que el sistema tampoco puede desconocer un vínculo afectivo que se haya consolidado durante una convivencia prolongada. Por eso, excluye expresamente los casos vinculados con entregas directas, maniobras para saltear el registro u otros hechos ilícitos.

La iniciativa también incorpora la figura del “referente afectivo”: una persona que, sin tener parentesco con el niño, haya construido una relación significativa, estable y protectora. Si esa persona manifiesta su intención de adoptar, también podrá ser evaluada e incorporada al registro correspondiente.

En caso de que finalmente el niño sea integrado a otra familia adoptiva, el proyecto contempla que pueda mantener contacto con la familia de acogimiento cuando esa continuidad resulte beneficiosa. El objetivo es evitar que la llegada a una nueva familia implique necesariamente una ruptura abrupta de todos los vínculos anteriores.

“El objetivo de todas las medidas que plantea el proyecto es uno sólo: ubicar efectivamente al niño, niña o adolescente en el centro de las decisiones. Para eso se requieren instituciones que funcionen en tiempo razonable, decisiones fundadas, familias preparadas, recursos disponibles y políticas públicas capaces de acompañar las transiciones que atraviesan los niños”, afirmó Massot.

El diputado también sostuvo: “Cuando la permanencia en la familia de origen resulta posible, el Estado debe hacer lo necesario para sostenerla. Cuando no lo es, debe procurar una solución familiar alternativa sin demoras injustificadas”.

La propuesta incluye además otras modificaciones al sistema de adopción. Entre ellas, establece una licencia laboral de hasta 30 días durante el período de vinculación y otra de 90 días desde el otorgamiento de la guarda, con una extensión para situaciones como la adopción de grupos de hermanos, chicos mayores de ocho años o personas con discapacidad.

También plantea una asignación mensual durante el proceso de integración adoptiva, acompañamiento psicológico, social y jurídico antes y después de la adopción, capacitación obligatoria para los aspirantes y mayores controles sobre las demoras administrativas y judiciales.

A su vez, el proyecto propone garantizar la continuidad de las prestaciones sociales y sanitarias cuando cambie la persona responsable del cuidado del niño, con el objetivo de evitar interrupciones durante el paso desde una institución o familia de acogimiento hacia una guarda adoptiva.