La investigación por las graves denuncias de torturas y abusos sexuales contra detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena entró hoy  en una etapa decisiva: el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N°11 de La Plata, comenzó a indagar a los quince penitenciarios detenidos por orden del Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Juan Pablo Masi.

Las detenciones se concretaron durante la madrugada del martes 25 de agosto en distintas dependencias carcelarias, como parte de un operativo coordinado entre la fiscalía, la Justicia, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Los acusados están imputados, en distintos grados de responsabilidad, por tortura en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones, como autores y/o partícipes necesarios.

Entre los 15 imputados hay autoridades de la Unidad 51, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal vinculado al área de sanidad.

La lista está integrada por Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.

Las defensas están a cargo de los abogados Gastón Jesser, Cristian González, César Albarracín, Julio Beley y Lautaro Cardo, quienes intervienen en representación de los distintos acusados.

La fiscalía deberá avanzar ahora en la reconstrucción de los episodios ocurridos el 3 de junio, cuando, según denunciaron las víctimas, un operativo desplegado luego de una pelea entre internas derivó en una serie de agresiones.

Los testimonios incorporados al expediente describieron golpes, utilización de gas pimienta, esposamientos, desnudez forzada, privación de agua y alimentos y distintos mecanismos de humillación. También se denunciaron abusos sexuales y otras formas de violencia.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó testimonios, lesiones y otros elementos vinculados con los episodios y solicitó que las declaraciones fueran tomadas bajo protocolos específicos para casos de tortura y violencia sexual.

La situación se agravó dos días después, cuando las detenidas realizaron una protesta para denunciar lo ocurrido y fueron nuevamente reprimidas. La CPM documentó entonces nuevas lesiones y afectaciones entre las mujeres alojadas en la unidad.

Con las indagatorias de este miércoles, la causa que tramita en La Plata ingresa en una instancia clave. Garganta deberá escuchar la versión de cada uno de los 15 acusados antes de definir los próximos pasos procesales y determinar el grado de responsabilidad que atribuirá a cada uno por los hechos investigados.

Mientras tanto, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ratificaron su compromiso con el esclarecimiento de lo ocurrido y con el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales.