El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional un paquete de medidas para responder al avance de proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas, que incluye mayores sanciones contra empresas involucradas, la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El mandatario centró buena parte de su discurso en el proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y aseguró que su puesta en producción podría comenzar durante los próximos meses, lo que consideró como una amenaza a la soberanía argentina.

“Hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados. Como respuesta a esta situación vamos a desplegar todas las herramientas del Estado para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, dijo.

Milei dijo que las medidas son producto de varios meses de trabajo con distintas áreas del gobierno. Anticipó que firmará un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, afirmó.

El Presidente adelantó además la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades nacionales en telecomunicaciones.

Además, dijo que enviará al Congreso una Ley de Soberanía Nacional que permita extender sanciones a otros sectores económicos a compañías que operen sin autorización.

Entre las medidas anticipadas figura la prohibición para que los infractores puedan contratar dentro del territorio argentino con el sector público o privado y, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar el régimen de juicio en ausencia.

El proyecto contemplará también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar políticas entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de establecer mecanismos para proteger infraestructura considerada crítica y reforzar la vigilancia aeroespacial y marítima.

"Mostremos un frente unido ante el mundo como nación y como sociedad porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas por eso quiero invitar a toda la dirigencia política económica y social de la Argentina a sumarse como una misma voz a este reclamo", aseguró.