Este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido a un proceso penal.

La norma fue sancionada por el Congreso en febrero, promulgada en marzo y publicada en el Boletín Oficial. l nuevo régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por hechos considerados delitos por el Código Penal o por leyes penales especiales. De esta manera, se reemplaza el régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980.

La modificación no significa que todo adolescente de 14 años que cometa una infracción vaya automáticamente a prisión. La nueva legislación establece distintas respuestas según la gravedad del delito, contempla medidas alternativas y dispone un régimen de privación de la libertad diferenciado del de los adultos. En los casos en que corresponda una pena de prisión, el máximo previsto es de 15 años.

Entre las medidas que puede disponer la Justicia se encuentran la amonestación, reglas de conducta, prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y otras alternativas. Para los delitos de mayor gravedad, la ley contempla la posibilidad de privación de la libertad bajo un régimen especial para adolescentes.

La entrada en vigencia del nuevo sistema genera expectativas y también interrogantes en la Justicia, especialmente por la implementación práctica de los nuevos procedimientos y por el impacto que podría tener en los juzgados especializados. Medios nacionales ya anticipan un período de adaptación para el sistema judicial.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, Argentina deja atrás el régimen penal juvenil de cuatro décadas y comienza a aplicar un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años.