El senador nacional Mariano Recalde figura como copropietario de una unidad funcional en el inmueble de San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario. Los registros dominiales y patrimoniales confirmaron la titularidad del legislador sobre el departamento identificado como 1 “A”, emplazado en la misma estructura residencial sujeta a control de los tribunales federales.

La información surge de las constancias oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, citadas en una investigación periodística del diario La Nación. La documentación técnica acredita que la operación inmobiliaria se concretó en el año 2016, momento en el que el dirigente adquirió el inmueble de forma conjunta con su padre, el abogado Héctor Recalde.

El asiento registral de la transacción inmobiliaria consignó un monto formal de $4.000.000. No obstante, en las declaraciones juradas patrimoniales integradas al régimen de ética pública, el parlamentario declaró una participación del 10% sobre la totalidad del bien raíz. La unidad habitacional cuenta con una superficie declarada de 168 metros cuadrados, caracterizada por ser el único departamento del consorcio que dispone de patio propio.

Pese a constar en los registros como titular del inmueble, el legislador no habita el domicilio ni mantiene allí a integrantes de su núcleo familiar conviviente. Voceros allegados a su despacho parlamentario sostuvieron que la propiedad permaneció disponible para contratos de locación y operaciones de compraventa en el mercado inmobiliario, para quedar posteriormente ocupada por una persona allegada encargada de solventar los costos del mantenimiento mensual.

La administración del edificio reportó irregularidades financieras vinculadas a la unidad atribuida al dirigente porteño. En la liquidación de expensas emitida durante julio de 2026, la unidad funcional 1 “A” acumuló una deuda total de $474.190. La cuenta corriente consorcial consignó únicamente la cancelación de un pago parcial por $350.000, suma que dejó un saldo deudor pendiente en los registros contables del consorcio de propietarios.

El cumplimiento de las obligaciones expensarias reviste interés directo en la dinámica interna del inmueble de San José 1111. Las expensas financian los servicios compartidos de seguridad, limpieza y operatividad técnica del predio, factores indispensables para el mantenimiento de un edificio multifamiliar bajo constante circulación de comitivas políticas y personal de custodia asignado por disposición estatal.

El nexo territorial del legislador con el inmueble adquirió gravitación institucional a partir de la fijación del régimen de detención de la exmandataria en ese perímetro urbano. El senador mantuvo una presencia frecuente en el domicilio de Constitución con visitas de coordinación política y protagonizó intervenciones públicas junto a la exjefa de Estado desde el balcón del segundo piso ante congregaciones partidarias reunidas sobre la vía pública.

La coincidencia entre la propiedad patrimonial y la presencia física del legislador en la propiedad consolidó un escenario de constante observación sobre las rutinas internas del edificio. Las autoridades judiciales y los organismos de seguridad cotejan la identidad de quienes transitan los accesos comunes, en resguardo de las prescripciones legales que rigen el cumplimiento de la condena penal.

La Justicia Federal mantiene bajo estricto análisis los movimientos de personas, vehículos y comitivas en la totalidad de los ingresos del edificio de San José 1111. El control de las condiciones del arresto domiciliario exige auditorías permanentes sobre el sistema de monitoreo electrónico y tobillera telemática que supervisa la localización en tiempo real de la expresidenta de la Nación.

Los magistrados a cargo de la ejecución de la pena verifican que la interacción entre los habitantes del consorcio, los propietarios de las distintas unidades y los visitantes políticos no altere los protocolos restrictivos vigentes. Cada ingreso a las áreas comunes queda supeditado a los registros que elaboran las fuerzas federales apostadas de manera fija sobre la calzada y los accesos principales.

Las actuaciones procesales radicadas en los juzgados competentes continúan recopilando los partes diarios de control y la trazabilidad de los dispositivos electrónicos instalados en el edificio de Constitución. El estado administrativo de la causa mantiene activa la supervisión pericial sobre los accesos a la unidad 1 “A” y la circulación por los espacios comunes, a la espera de nuevos informes sobre la seguridad perimetral del predio.

Fuente: Agencia OPI Santa Cruz