La Comisión de Ambiente del Senado provincial  aprobó un proyecto para erradicar la contaminación sonora vehicular que afecta severamente a niños con autismo y animales. La iniciativa endurece las sanciones, prohíbe la venta de escapes no homologados y contempla el decomiso y la compactación de vehículos ruidosos en casos graves.

El fin de los ruidos molestos generados por las motos y los autos modificados podría llegar al recinto el próximo 6 de octubre y obtener media sanción. En las últimas horas, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado dio luz verde a un proyecto que busca dotar al Estado de herramientas más duras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial.

La iniciativa, impulsada por la senadora Emilia Subiza  y que cuenta con un proyecto “en espejo” presentado por el mismo espacio en la Cámara de Diputados, apunta directamente a erradicar la circulación de vehículos con escapes libres, no autorizados o adulterados.

El debate de fondo trasciende la mera molestia vecinal y se centra en una cuestión de salud pública e inclusión. Las explosiones y los altos decibeles emitidos por este tipo de escapes adulterados generan un daño directo y severo en poblaciones vulnerables, especialmente en niños y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes padecen hipersensibilidad auditiva y sufren crisis de estrés, dolor físico y ansiedad ante estos estruendos. El impacto negativo también afecta profundamente a los animales y mascotas, generándoles taquicardia, pánico y desorientación.

Para combatir esta problemática, el proyecto legislativo propone endurecer el marco normativo vigente con medidas drásticas. Entre las nuevas herramientas de control, la ley habilitaría a los inspectores y fuerzas de seguridad a proceder con el decomiso y hasta la compactación de los vehículos que incurran en faltas graves o reiteradas por contaminación sonora.

“La proliferación de escapes no autorizados o adulterados genera contaminación sonora en las localidades, afecta la salud psicofísica de la comunidad, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial”, argumentó Subiza, quien además preside la Comisión de Ambiente donde la iniciativa logró su primer dictamen favorable.

Más allá de los controles en la vía pública, el proyecto busca cortar el problema de raíz atacando la cadena comercial. Para ello, incorpora un artículo específico que prohíbe de manera tajante la fabricación, ensamblado, oferta, exhibición, venta, distribución e instalación de sistemas de escapes que no estén debidamente homologados por la normativa nacional vigente, o que hayan sido modificados en talleres para potenciar y superar los niveles de emisión sonora permitidos en la calle.