El Gobierno argentino informó este lunes que inició acciones diplomáticas y jurídicas frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Según un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a poner en marcha el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La medida apunta específicamente a impedir la explotación de hidrocarburos asociada al proyecto denominado “Sea Lion”, además de cuestionar eventuales nuevas autorizaciones para la utilización de recursos naturales en áreas de la Plataforma Continental Argentina.

El Gobierno recordó que distintas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y sostienen la necesidad de alcanzar una solución mediante negociaciones.

En ese contexto, Argentina informó que intimó formalmente al Reino Unido para que, dentro de un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el comienzo o la continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos en la zona reclamada. De no cumplirse ese requerimiento, el Ejecutivo anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.

El comunicado también expresa el rechazo argentino a la postura británica respecto de la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y al referéndum realizado en 2013, señalando que la posición argentina sobre la disputa de soberanía no se modifica por esas decisiones.

Investigación por operaciones aéreas

Por otra parte, el Gobierno señaló que fueron detectadas operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, utilizando una aeronave con matrícula británica sin autorización de las autoridades argentinas.

A raíz de esta situación, el Presidente ordenó iniciar procedimientos administrativos y sancionatorios, además de las correspondientes denuncias penales y gestiones diplomáticas.

El comunicado concluye ratificando que Argentina continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para sostener su posición respecto de los derechos soberanos que reclama sobre los territorios y espacios marítimos involucrados.