El Gobierno nacional presentó una denuncia penal para que se investiguen los incidentes ocurridos el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación, durante la Marcha Federal Universitaria. La medida fue promovida por el Ministerio de Seguridad, que pidió avanzar en la identificación de quienes habrían participado de los enfrentamientos y provocado destrozos.

La denuncia contempla posibles delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado. También solicita investigar si los episodios tuvieron como propósito interferir en el desarrollo de la actividad legislativa prevista para esa jornada.

Según lo expuesto en la presentación, algunos manifestantes habrían utilizado objetos contundentes para atacar a los efectivos desplegados en el operativo, mientras que otros habrían intentado evitar su identificación cubriéndose el rostro. Estas circunstancias deberán ser examinadas durante la investigación judicial.

Como consecuencia de los enfrentamientos, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad sufrieron lesiones: cuatro pertenecientes a Gendarmería Nacional, dos a Prefectura Naval Argentina y otros dos a la Policía Federal.

En cuanto a las detenciones, los informes oficiales difundidos inicialmente mencionaron al menos 25 personas arrestadas. Posteriormente, se informó sobre aproximadamente 31 detenciones realizadas por Gendarmería y otras seis intervenciones de la Policía de la Ciudad.

Entre los involucrados se encuentra un adolescente de 14 años, quien fue aprehendido en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre. De acuerdo con la información policial, habría arrojado piedras contra un patrullero.

Los incidentes también dejaron consecuencias materiales en las inmediaciones del Congreso. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó preliminarmente en unos 90 millones de pesos el costo de los daños ocasionados en veredas, canteros, mobiliario urbano y sectores verdes de la Plaza de los Congresos.

Para avanzar con la causa, el Ministerio de Seguridad solicitó incorporar filmaciones de los enfrentamientos, registros de cámaras públicas y privadas, informes policiales y documentación médica relacionada con los efectivos lesionados.

La ministro de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los hechos a través de sus redes sociales y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad ni a destruir bienes públicos.

Ahora, la Justicia deberá analizar las pruebas, determinar las responsabilidades individuales y establecer si existen elementos suficientes para avanzar con las imputaciones solicitadas.

La investigación se desarrolla en el marco de una jornada de protesta universitaria que tuvo como eje el reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios y que terminó marcada por los enfrentamientos registrados frente al Congreso.