El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un pedido de jury contra el magistrado Alejandro López, cuestionando la fundamentación jurídica de su fallo. La presentación busca determinar si existió mal desempeño, aunque no pretende revertir las absoluciones.

Un nuevo capítulo judicial se abrió tras la absolución de Maximiliano Cabaleyro, referente del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y otros seis imputados en la causa por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro.

El diputado provincial Manuel Passaglia solicitó que se investigue la actuación del juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás.

La presentación fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El legislador considera que corresponde analizar si la sentencia presenta deficiencias graves en sus fundamentos jurídicos que puedan configurar un eventual mal desempeño de las funciones judiciales.

El conflicto judicial se originó por una protesta sindical que se extendió durante cinco días y que, según los antecedentes de la causa, impidió el normal ingreso y egreso de vehículos de la distribuidora, además de generar importantes perjuicios económicos para la firma.

El juez López reconoció en su resolución que existió una obstrucción de los accesos al establecimiento. Sin embargo, concluyó que la conducta no constituía un delito en las circunstancias analizadas, al considerar que estaba comprendida dentro del ejercicio legítimo del derecho de huelga.

La decisión absolvió a los siete acusados de los delitos investigados, vinculados con la turbación de la posesión, la coacción, la extorsión y la tentativa de extorsión.

Passaglia no sostiene que cualquier perjuicio ocasionado por una medida gremial deba ser considerado delito. Su cuestionamiento apunta a otro aspecto: determinar si el fallo examinó suficientemente los límites legales de la protesta, teniendo en cuenta su duración, la modalidad empleada y las consecuencias que tuvo sobre la actividad comercial.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la interpretación que el magistrado habría realizado de un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como el caso Kot, resuelto en 1958.

Según la presentación, aquel precedente estuvo relacionado con la restitución de una fábrica ocupada mediante una acción de amparo. Passaglia considera necesario establecer si resulta jurídicamente adecuado utilizar ese antecedente para fundamentar conclusiones sobre la eventual responsabilidad penal en un conflicto sindical.

La denuncia no acusa al juez de haber manipulado deliberadamente el fallo de la Corte ni afirma que ese precedente obligara a condenar a los imputados. Lo que solicita es que se evalúe si fue interpretado de manera correcta y si una eventual deficiencia tuvo la gravedad necesaria para constituir una falta funcional.

Un aspecto central de la presentación es el alcance limitado del procedimiento solicitado. El Jurado de Enjuiciamiento no funciona como una instancia de apelación y, por lo tanto, no puede anular directamente el veredicto ni ordenar una condena contra los absueltos.

Su intervención, en caso de avanzar, estará dirigida a determinar si la actuación del magistrado encuadra en alguna de las causales legales de responsabilidad disciplinaria.

La propia denuncia reconoce que una diferencia de interpretación jurídica no alcanza, por sí sola, para justificar la destitución de un juez. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades de una entidad suficiente para superar ese umbral.

El caso tiene antecedentes que se remontan a 2022, cuando Cabaleyro y otro dirigente sindical fueron detenidos en el marco de la investigación por el bloqueo a Rey Distribución. La disputa estaba relacionada con el encuadramiento gremial de trabajadores de la empresa.

En aquella oportunidad, Camioneros también protagonizó medidas de fuerza en San Nicolás, con bloqueos que afectaron servicios y actividades, entre ellos la recolección de residuos y la distribución de alimentos.

Ahora, el foco se desplaza hacia la fundamentación de la sentencia que absolvió a los acusados. El pedido de jury abre la posibilidad de examinar la actuación del juez, aunque su presentación no implica que se haya comprobado una falta ni anticipa una eventual sanción.

La discusión de fondo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión sensible para el ámbito laboral, empresarial y judicial: cómo garantizar el derecho constitucional de huelga sin dejar de analizar los límites legales de las medidas de fuerza y la protección de los derechos de terceros.