El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que sus abogados reclamaran su absolución y cuestionaran la solidez de las pruebas presentadas en su contra.

Durante un extenso alegato, el defensor Francisco Oneto sostuvo que no se debe condenar a su representado por la dimensión pública de la figura de Maradona. En esa línea, insistió en que las pruebas no alcanzan para atribuirle responsabilidad penal por el fallecimiento del exfutbolista.

Por su parte, el abogado Roberto Rallín afirmó que Luque fue convertido en un “chivo expiatorio” dentro del expediente y cuestionó el alcance de las responsabilidades que se le adjudican.

Los representantes legales del neurocirujano argumentaron que su intervención profesional estuvo vinculada principalmente con el tratamiento del hematoma subdural que había afectado a Maradona. Además, rechazaron la hipótesis de que el exjugador hubiera atravesado una agonía prolongada sin recibir la atención correspondiente.

La estrategia defensiva también buscó diferenciar las funciones de los distintos involucrados en la organización de la internación domiciliaria. En ese contexto, los abogados mencionaron a Maximiliano Pomargo, en relación con la elección de la vivienda de Tigre, y a Nancy Forlini, vinculada con Swiss Medical, por la coordinación de los cuidados médicos en el domicilio.

Como planteo principal, los abogados solicitaron la absolución de Luque. De manera subsidiaria, pidieron que, en caso de una condena, se contemple una pena de dos años de prisión por homicidio culposo, sin cumplimiento efectivo ni inhabilitación para ejercer la medicina.

El pedido contrasta con la postura de la fiscalía y las querellas, que reclaman penas de entre 12 y 16 años de prisión para el neurocirujano.

Tras la exposición de los defensores de Luque, la representación legal de Nancy Forlini también cuestionó la acusación y sostuvo que no estaría suficientemente acreditada la causa de muerte.

El proceso judicial busca determinar las responsabilidades individuales en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.