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Jueves, 19 Noviembre 2026
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La mansión de Pilar
La Corte resolvió que la causa por presuntas maniobras irregulares de la AFA sea investigada por el juez Rafecas
Se busca determinar si la propiedad fue adquirida con fondos desviados del fútbol argentino
Jueves, 19 de Noviembre del 2026 - 18:25 hs.
La Corte resolvió que la causa por presuntas maniobras irregulares de la AFA sea investigada por el juez Rafecas

La Corte Suprema de la Nación puso fin a un problema de competencia y resolvió por unanimidad dejar sin efecto un fallo de la Cámara de Casación que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana.

En consecuencia, dispuso que la causa donde se investigan supuestas irregularidades en la adquisición de una mansión en Pilar sea remitida al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas. La sentencia lleva las firmas de los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En el expediente se investiga una presunta maniobra de lavado de activos.

En un comienzo, se les atribuyó a Luciana Pantano y Ana Conte haber adquirido, mediante la firma Real Central SRL, un inmueble en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, aparentemente sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la operación.

Con el avance de la investigación, el caso fue adquiriendo mayor complejidad y se incorporaron nuevas personas físicas y jurídicas. La hipótesis incluye la creación de sociedades, transferencias de fondos, compra de vehículos de alta gama e inmuebles, empresas constituidas en distintas jurisdicciones y circuitos financieros internacionales. Según la sospecha, esas operaciones estarían vinculadas con la administración de la AFA y el presunto desvío de fondos.

En ese contexto, el fiscal Mario Villar presentó un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había resuelto que el Juzgado Federal de Campana debía continuar con la investigación de las maniobras denunciadas.

Esa resolución había sido adoptada a partir de un planteo de las defensas de los imputados, entre ellos, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El expediente tuvo distintas radicaciones judiciales. Inicialmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, por decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Más adelante, a pedido de las defensas, el Juzgado Federal de Campana solicitó al fuero penal económico que se declarara incompetente y le remitiera el expediente. La controversia llegó entonces a la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó que debía intervenir el juzgado de Campana.

La decisión de la Corte significa un revés para el juez de Campana, Adrián González Charvay, quien investigaba el caso.

Los argumentos de la Corte

Para fundamentar su decisión, los jueces consideraron que la investigación excede la compra de un inmueble en Villa Rosa, valuado en 17 millones de dólares, y comprende una presunta maniobra de lavado de activos que involucra la “constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos”.

En esa línea, señalaron que la mayor parte de esos elementos tiene una vinculación territorial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También remarcaron que la ubicación del inmueble no resultaba suficiente para determinar la competencia territorial, dado que la hipótesis delictiva apunta a “la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.

Entre los elementos que justificaron la intervención de la Justicia Federal porteña, la Corte señaló que “Real Central SRL, sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, registraba su sede social en esta ciudad”. A eso sumó que el contrato de compraventa del inmueble se había celebrado en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires y que la propia AFA también tiene allí su sede.

De esta manera, una de las investigaciones más sensibles vinculadas con la AFA continuará su trámite en los tribunales federales porteños de Comodoro Py.

Los argumentos del fiscal y el procurador

El fiscal Villar, quien llevó el recurso ante la Casación, y el Procurador General interino, Eduardo Casal, quien sostuvo ese recurso ante la Corte, plantearon que reducir la investigación a la ubicación de un inmueble en Pilar implicaba ignorar la complejidad real del caso.

La Procuración fue directa: “no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana, pues que allí se encuentre un inmueble cuya adquisición se sospecha que pudo ser una inversión de dinero proveniente de un delito sólo podría justificar la intervención del juez del lugar si, a falta de mayor información sobre el hecho, allí hubiera comenzado el trámite por denuncia o prevención”.

La Corte coincidió. Señaló que la investigación abarca la constitución y modificación de sociedades, cesiones de participaciones, ampliaciones de capital y decisiones comerciales cuya ejecución se habría concentrado en Buenos Aires. Y enumeró los elementos que vinculan el caso con la Capital Federal: la sede social de Real Central SRL estaba en esa ciudad; la AFA tenía su domicilio en Viamonte 1366/76 de Buenos Aires, donde se habrían adoptado las decisiones de administración y disposición de fondos; y los domicilios de las demás personas y empresas denunciadas también correspondían al ámbito de CABA. Una red que va más allá de una propiedad en Pilar

A medida que avanzó la pesquisa, el objeto de la investigación se fue ampliando mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal.

Se incorporaron nuevas personas físicas y jurídicas, sociedades comerciales constituidas en distintas jurisdicciones, transferencias de fondos, 54 vehículos a nombre de Real Central SRL —algunos de colección—, caballos árabes y de pura sangre, otros inmuebles y circuitos financieros internacionales.

La Corte subrayó que el artículo 303 del Código Penal reprime una pluralidad de conductas: convertir, transferir, administrar, vender y gravar bienes de origen ilícito. En maniobras complejas de legitimación de activos, esas acciones se desarrollan mediante una sucesión de decisiones económicas y jurídicas que exceden la compra de un bien puntual.

Por ese motivo, el fallo sostuvo que determinar la competencia territorial a partir de la ubicación de uno solo de los bienes involucrados resultaba manifiestamente insuficiente.

Además, la Corte reprochó que la Casación ignoró los argumentos territoriales del Ministerio Público y consideró que esa omisión fue deliberada y resultó determinante para descalificar el fallo.

El lazo con otras causas de la AFA

La decisión no es aislada en el mapa judicial de las investigaciones sobre la conducción de la AFA.

El 5 de noviembre de 2026, la misma Corte había declarado la competencia de la justicia nacional penal ordinaria de Buenos Aires para investigar a dirigentes de la asociación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos —causa “Gillette, Gabriela Érica y otros s/ incidente de competencia”— y había rechazado la inhibitoria planteada por el juzgado federal de Campana.

En esa ocasión, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había destacado que la gestión de la AFA tenía asiento real en Buenos Aires, con independencia de que algunas inversiones sospechadas de lavado se hubieran materializado en Pilar.

En un tercer expediente, “Tapia, Claudio Fabián y otro s/ incidente de competencia”, iniciado por una denuncia de Guillermo Tofoni por el delito de balance falso en los estados contables de la AFA, la Corte también fijó la competencia en la justicia nacional de Buenos Aires, al considerar que las omisiones denunciadas se relacionaban con los mismos movimientos investigados en la causa Gillette.

Los tres fallos conforman una línea uniforme que concentra todas las investigaciones sobre la AFA en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires y descarta sistemáticamente los intentos de radicar las causas en Campana.

Fuente: Infobae