La Cámara alta sancionó el nuevo régimen de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con el acompañamiento de los 71 senadores presentes. La normativa establece un marco permanente para sostener pensiones, tratamientos, coberturas médicas y prestaciones, que hasta ahora estaban contempladas en un esquema de emergencia.
El objetivo central es dejar atrás un régimen transitorio y establecer mecanismos permanentes que brinden mayor previsibilidad a las familias y a los prestadores.
Entre los aspectos centrales, la ley mantiene la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con el empleo formal y la inscripción al monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También conserva el nomenclador único de prestaciones e incorpora actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas al índice de movilidad jubilatoria.
En materia sanitaria, contempla la continuidad de la cobertura básica a través del programa federal Incluir Salud y establece pautas presupuestarias para sostener los recursos destinados al sistema.
La normativa, además, incorpora auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre distintos organismos del Estado, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Estos procedimientos deberán respetar las garantías del debido proceso.
Otro punto relevante es la incorporación de un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores y la obligación del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley dentro de un plazo máximo de 30 días.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá establecer reglas claras sobre el financiamiento, los controles y la continuidad de las prestaciones. Según planteó, el nuevo esquema busca ofrecer transparencia y previsibilidad.
Con la aprobación definitiva, el sistema de discapacidad contará con un marco legal permanente que busca evitar que la continuidad de las prestaciones dependa de sucesivas prórrogas de una emergencia.
No obstante, el verdadero impacto de la nueva legislación dependerá de su reglamentación, de la disponibilidad efectiva de los recursos y de que las personas con discapacidad y sus familias puedan acceder sin obstáculos a los derechos reconocidos.
La sanción representa un paso legislativo importante.