El fiscal federal Diego Luciani terminará mañana sus alegatos en el juicio oral por la obra pública y pedirá que Cristina Kirchner sea condenada. Además de una pena de prisión, Luciani solicitará que la Vicepresidenta sea condenada a no poder ejercer cargos públicos de por vida: inhabilitación perpetua. El planteo no será una postura personal del fiscal, sino una consecuencia legal del Código Penal.

El Código Penal contiene todos los hechos que para la ley son delitos, como los homicidios, los robos, las estafas, los secuestros, los actos de corrupción. Y para cada delito prevé una pena. Las penas pueden ser de prisión, de multa, de prisión y multa y también de inhabilitación, según el delito.

Los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron el viernes en su octava audiencia de alegatos que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.

El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La pena de prisión puede variar entre la escala de años que tiene cada delito, en el caso de Cristina Kirchner los de asociación ilícita (de cinco a diez años para los jefes) y fraude en perjuicio de alguna administración pública.

Así, la expectativa para mañana estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos.

Dos de los acusados en el juicio, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ya tienen condena de inhabilitación. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la tragedia ferroviaria de Once y López recibió la pena seis años de prisión y la imposibilidad de volver a la función pública por los bolsos con los nueve millones de pesos. Ambas condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal y se encuentran en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no están firmes.

No será la primera vez que Luciani pida condenas de inhabilitación. Lo hizo en los juicios por corrupción a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti, al ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián -quien falleció hace 10 días-, y por la privatización fraudulenta del predio de Tandanor.

El pedido que hará Luciani pegará de lleno en la postura que el kirchnerismo tomó en las últimas semanas: que se busca proscribir a la Vicepresidenta ante las elecciones del año que viene. “Si necesitan, van a intentar proscribirla, no tienen límite con este accionar”, dijo el senador nacional Oscar Parrilli. En la misma línea habló el ministro de Justicia, Martín Soria: “Pueden intentar proscribir a Cristina, lo hicieron con Lula y lo hicieron con Perón. Hay casos concretos. A mí no me extrañaría que lo intenten”. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, habló que el juicio tiene “fines de persecución política”. Y el dos de agosto, al día siguiente del inicio de los alegatos, La Cámpora publicó un video que terminaba con la militancia cantando “si la tocan a cristina que quilombo se va a armar”.

El fiscal pedirá y luego la decisión de condenar o no quedará en manos del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. A los dos primeros y al fiscal Luciani la defensa de la vicepresidenta los recusó, lo que fue rechazado. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

Si Cristina Kirchner es condenada, la pena de prisión y la inhabilitación no tendrá efectos inmediatos. La condena debe quedar firme y para eso la deben ratificar primero la Cámara de Casación y después la Corte Suprema. Por los tiempos del proceso y de la propia justicia eso excederá el 2023, año de elecciones en el que Cristina Kirchner podría presentarse a alguno de los cargos que se elegirán: presidenta, vice, senadora o diputada.

Como ejemplo de los plazos que se toma la justicia, la Cámara de Casación tiene desde principio de año el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa “Hotesur-Los Sauces” y recién el viernes fijó la audiencia para tratar el caso que será el 10 de noviembre. O la Corte que en junio rechazó los planteos de la Vicepresidenta en el juicio de la obra pública que tuvo durante cuatro años.

Pero además de los tiempos, la Vicepresidenta tiene un antecedente que la ampara para presentarse a elecciones. En 2017, el ex presidente Carlos Menem se candidateó para renovar su banca como senador nacional pero fue impugnado por sus condenas en el tráfico de armas a Croacia y Ecuador y por los sobresueldos durante su gobierno. Se planteó que no tenía idoneidad para ir a las urnas. Pero la Justicia lo habilitó a participar porque esas condenas no estaban firmes.

Si una eventual condena a Cristina Kirchner queda firme su situación cambiará. El Código Electoral Nacional establece en su artículo tres que quedarán excluidos del padrón “los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos”. Y la ley de partidos políticos fija en su artículo 33 que “no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios” quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.

Ahora si la condena queda firme mientras ejerce un cargo público ganado en elecciones se deberá abrir un juicio político de destitución, dependiendo cuál sea. Una situación inédita y de efectos políticos e institucionales inimaginables.

El pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos ya lo vivieron otros ex presidentes. Uno de ellos, Menem, en los juicios por las armas y los sobresueldos. También Fernando De la Rúa en el juicio por las coimas en el Senado. En ese caso no se aplicó porque De la Rúa fue sobreseído.

Amado Boudou, vicepresidente de Cristina Kirchner en su segundo mandato, tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que está firme. Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone. Casación confirmó esa decisión y lo propio hizo la Corte Suprema en diciembre de 2020, por lo que el caso está cerrado.

El gobierno de Alberto Fernández tiene un funcionario con una pena de inhabilitación. Es Martín Sabbatella, actual titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Sabbatella fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación por abuso de autoridad en la aplicación de la ley de medios al Grupo Clarín. La Cámara de Casación confirmó esa decisión que está apelada a la Corte Suprema.

Ninguno de esos casos tienen la magnitud política de una eventual condena para Cristina Kirchner. Primero porque nunca un presidente o vice fue juzgado por corrupción en el ejercicio del cargo. Y además Cristina Kirchner es la líder del partido de gobierno. Ya no hay duda de lo que hará el fiscal Luciani. Ahora la expectativa estará puesta en los jueces. Y después en 2023, años de elecciones presidenciales que será distinto si empieza con o sin condena para la Vicepresidenta.