La localidad bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, atraviesa momentos de profunda preocupación ante la posible clausura definitiva de la planta de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), una de las principales fuentes de empleo de la zona. La empresa, controlada por el grupo venezolano Maralac, ha paralizado su producción y adeuda más de nueve meses de salarios a sus 200 trabajadores.

La situación se agravó cuando la firma suspendió a la mayoría del personal por un período de 30 a 45 días, manteniendo únicamente una guardia mínima. Además, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) seccional Junín denunció penalmente al grupo empresario por presuntas maniobras ilegales, abandono laboral y vaciamiento de maquinaria. La empresa no se presentó en dos audiencias consecutivas convocadas en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, lo que incrementó la tensión y la incertidumbre entre los empleados.

"Arenaza atraviesa horas de incertidumbre ante el posible cierre de una de sus principales fuentes de empleo", señaló la periodista local Alejandra Ramos. "Los rumores sobre un cierre definitivo comenzaron a circular días atrás y, aunque no hubo un comunicado oficial por parte de la empresa, fuentes cercanas confirmaron que la actividad se encuentra prácticamente paralizada", agregó. La falta de respuesta por parte de las autoridades políticas también genera inquietud en la comunidad.(

Este caso refleja el impacto de la crisis económica que atraviesa el país, con caídas en la producción, ventas y empleo que generan dificultades para las empresas. Según un informe de la Unión Industrial Argentina, el 24% de las empresas redujo su dotación de personal, alcanzando el valor más alto desde 2021 .

La situación en Arenaza es un ejemplo de cómo la crisis económica afecta a las comunidades del interior del país, donde el cierre de una planta puede tener consecuencias devastadoras para la economía local y el bienestar de cientos de familias.