En el marco de una causa en la que se investiga presunta tenencia de material vinculado a la explotación sexual infantil, el principal señalado es el Juez de Cámara de Tierra del Fuego, Andrés Leonelli.

A medida que avanzan las pesquisas, se toman resoluciones que generan profunda inquietud.

En las últimas horas fueron  allanados el domicilio particular y el  despacho del camarista, por disposición de la Jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo.

Trascendió que en las diligencias se secuestraron computadoras y celulares, tras un alerta internacional mientras que Leonelli asegura que son pruebas judiciales.

Mientras tanto, el Poder Judicial de Tierra del Fuego quedó envuelto en un escándalo sin precedentes tras la apertura de una causa por presunta tenencia de material vinculado a la explotación sexual infantil.

El operativo, que tuvo lugar a fines de junio, incluyó el secuestro de teléfonos celulares, discos duros y otros dispositivos electrónicos. 

La medida fue ejecutada por personal de la Policía Provincial en simultáneo tanto en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones como en la vivienda del magistrado.

La investigación se inició a partir de las alertas disparadas a nivel internacional por un organismo de monitoreo de contenidos digitales que detectó imágenes sospechosas alojadas en una nube de Google, vinculada a una cuenta personal del camarista.

Según trascendió, el sistema de seguridad de la empresa habría desactivado el acceso a la cuenta en abril, hecho que derivó en la apertura de un expediente judicial.

En su defensa, Leonelli afirmó que los archivos forman parte de causas judiciales tramitadas años atrás. Así lo expresó en una carta documento enviada a Google Argentina y en una presentación ante Defensa del Consumidor, donde sostuvo que el contenido corresponde a pruebas vinculadas a su trabajo como secretario del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ushuaia y, posteriormente, como miembro de la Cámara.

Lejos de evitar el proceso, el camarista se presentó voluntariamente ante la Policía y puso a disposición sus dispositivos personales. También permitió el acceso a sus claves y acompañó las tareas de los peritos informáticos. Además, realizó una exposición formal en sede policial donde brindó detalles sobre la procedencia del material investigado.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa se encuentra aún en etapa preliminar y que no se han dictado imputaciones ni medidas cautelares contra el juez. La jueza Barrionuevo dispuso mantener bajo reserva los detalles del proceso, aunque el caso ya despertó fuerte repercusión en el ámbito político y judicial de la provincia.