Hoy es el día. El calendario judicial marca el vencimiento del plazo para que la Unidad Fiscal eleve el formal pedido de prisión preventiva para Juan Carlos Báez. Sin embargo, el mecanismo de la justicia tiene resortes que permiten estirar este tipo de instancias: la ley contempla la posibilidad de solicitar una prórroga por idéntica cantidad de días, un movimiento que aún no se ha descartado y que mantiene en vilo el ritmo del proceso.

En paralelo a esta espera, la maquinaria investigativa no se detiene. Agenda en mano, los peritos ya tienen programadas nuevas diligencias para los primeros días de la semana que viene. Estas tareas se enmarcan en el estricto pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal: la realización de exhaustivas evaluaciones psicológica y psiquiátrica sobre Báez, con el objetivo de delinear un perfil acabado de su estado mental.

Pero el trabajo silencioso y meticuloso no termina ahí. En un laboratorio especializado, otro frente de investigación avanza a full: el análisis minucioso del contenido de los teléfonos celulares incautados, tanto de la víctima como del acusado. Cada mensaje, cada imagen, cada registro de actividad en esos dispositivos es desmenuzado por expertos en informática forense. Se espera que los resultados de este escrutinio digital, potencialmente cruciales para armar el rompecabezas de los hechos, sean entregados a la fiscal a cargo del caso en los próximos días.

El silencio procesal precede a la tormenta. Cada hora que pasa consolida las piezas de una investigación que se encamina hacia una definición de alto impacto