Tras el jury contra Julieta Makintash, que resultó en la destitución de su cargo la pérdida de sus fueros, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, solicitaron la detención de Makintash, por presuntos procesales en la causa por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El requerimiento se formalizó durante una audiencia convocada para tratar la recusación de los fiscales que investigan el escándalo vinculado a la difusión del material audiovisual. Makintash había denunciado "irregularidades procesales", un planteo que deberá resolver el Juzgado de Garantías encargado del expediente, ya que la fiscalía no acompañó el pedido.

Los abogados expusieron un escrito en el que describieron presuntas maniobras de la ex jueza, señaladas como "conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves". Sostuvieron que estas acciones comprometen el avance de la investigación.

En ese contexto, los representantes legales afirmaron: "Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach". Basaron el pedido en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense.

Bajo qué motivos piden detener a Makintach

Los letrados plantearon que la “gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz". A la vez, reclamaron tomar resguardos que impidan interferencias durante la recolección de pruebas vinculadas al documental.

En caso de que el juzgado no considere suficientes los elementos para una detención, solicitaron una serie de restricciones: prohibición absoluta de salir del país, entrega del pasaporte, y prohibición de contacto o acercamiento a testigos, personal policial, funcionarios y periodistas. Argumentaron que estas medidas evitarían futuros episodios de presión o influencia.