En medio de un clima de creciente tensión judicial que rodea a los máximos dirigentes del fútbol argentino, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal estimado en $ 7.593.903.512,23.

La acusación, impulsada por el organismo que conduce Andrés Vázquez y dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue radicada ante el fuero nacional en lo Penal Económico y alcanza a los períodos comprendidos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, con foco en retenciones impositivas y previsionales que, según el escrito, fueron practicadas pero no ingresadas en tiempo y forma al fisco.

Cifras en mano

De acuerdo con la denuncia, firmada por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, la AFA incurrió en maniobras que encuadran en los delitos previstos en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), que contemplan penas de entre dos y seis años de prisión.

Según el detalle aportado por la División Recaudación Grandes Contribuyentes, el monto correspondiente a retenciones impositivas no ingresadas en término asciende a $ 916.005.301,41, vinculadas al IVA y al Impuesto a las Ganancias de los meses de agosto y septiembre de 2025. A ese monto se suman $6.677.898.210,82 en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social que fueron depositados fuera del plazo legal, correspondientes al período que va de diciembre de 2024 a septiembre de este año.

Todos sobre “Chiqui”

El escrito sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, efectivamente practicó los descuentos pero omitió su ingreso dentro de los plazos previstos, superando ampliamente el umbral mensual de $ 100.000 que activa la responsabilidad penal tributaria. Al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas seguían impagas, mientras que las previsionales fueron abonadas recién en esa fecha, fuera de término.

En la presentación judicial se identifica como principal responsable a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en su condición de administrador de la entidad y responsable de la clave fiscal. Si bien se aclara que la asociación civil no registra antecedentes penales previos en los sistemas de la DGI, el organismo remarca que la responsabilidad penal recae sobre quienes, como órganos de administración, adoptaron la decisión de incumplir las obligaciones fiscales.

Apropiación indebida

Desde ARCA sostienen que la conducta investigada encuadra en la figura de apropiación indebida, ya que se verificaron la retención efectiva de los fondos, la capacidad económica de la entidad para realizar el depósito y la omisión de hacerlo dentro del plazo legal. En ese marco, el escrito cita el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que define este delito como de omisión instantánea, consumado en el momento en que debía efectuarse el pago.

La denuncia también subraya que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios de libre disponibilidad” y que su utilización transitoria implica un financiamiento indebido por parte del contribuyente. “No sólo importa la falta de depósito, sino también la dilación en el depósito”, advierte el texto, al señalar que el uso de esos fondos afecta directamente la recaudación estatal.

Competencia judicial

En cuanto a la competencia, la DGI indicó que la causa debe tramitar en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, dado que el domicilio fiscal de la AFA se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Como prueba, se ofreció documentación surgida de los sistemas internos del organismo recaudador, sin perjuicio de otros registros que puedan obrar en la Inspección General de Justicia.

La presentación judicial se suma a una semana particularmente delicada para el titular de la AFA, quien en los últimos días quedó bajo la lupa de distintas investigaciones que analizan presuntas maniobras de lavado de dinero, la existencia de posibles testaferros y la evolución de un patrimonio millonario.

Según remarcó la DGI en su escrito, la conducta atribuida a la AFA no sólo afecta al fisco, sino que compromete la actividad financiera del Estado, cuyo funcionamiento depende de la recaudación tributaria. “La evasión dolosa de estas obligaciones impacta severamente en el presupuesto necesario para el cumplimiento de las funciones esenciales”, concluye la denuncia.