En el marco de una causa que lleva adelante la Justicia federal, en las últimas horas fueron allanadas oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, por presuntos nexos con empresas proveedoras de alimentos para detenidos que habrían sido constatados en mal estado.

Según  se informó el juez federal Federico Villena fue quien dispuso los allanamientos, ante la sospecha de una "posible cartelización" del servicio de provisión de alimentos en la cárcel de Ezeiza, utilizando empresas pantalla que servirían para evadir las sanciones cuando alguna de las proveedoras debe apartarse por las denuncias sobre sus servicios.

Como dato saliente del procedimiento, se indicó que Martínez eludió el secuestro de su teléfono móvil, explicando que "lo había extraviado" un rato antes del allanamiento. Tal situación hizo presumir a los investigadores que pudo haber recibido algún aviso de ese inminente avance judicial.

Un informe técnico reveló que la última señal del celular "perdido" impactó en una antena de Barracas una hora antes del allanamiento, por lo que se sospecha que Martínez recibió una filtración y destruyó el aparato para que no llegue a manos judiciales.

La causa que encabeza Villena tiene su origen en denuncias por alimentos en mal estado que se sirven a los detenidos en el penal de Ezeiza, donde peritajes de la ANMAT confirmaron efectivamente "la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano".

Tras prohibirle a la empresa Foodrush seguir operando, el juez detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, empleados y hasta facturaba millonarias sumas a la firma sancionada, lo que permite conjeturar que podría ser una simple fachada de los concesionarios sancionados. El juez Villena contó que llegó a probar personalmente el alimento servido a los detenidos, y que sufrió una descompensación "porque era vomitivo".

Otro dato curioso con el que se encontró la investigación es que Martínez se movilizaba en una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.

Pese a que la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, Villena contaría con el respaldo de la actual ministro de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una cruzada que apunta a desentrañar el presunto accionar de "mafias enquistadas hace muchos años en el sistema penitenciario".