El fiscal federal Matías Felipe Di Lello solicitó la realización de un juicio oral para ocho individuos en una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes en la Provincia de Buenos Aires. La banda tenía bases Pergamino  y San Nicolás.

La causa se había iniciado en mayo de 2022 tras el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo de la zona rural de Pergamino, la cual había sido utilizada para introducir cargamentos de cocaína.

Tras el avance de la investigación, se llevaron adelante una serie de medidas y allanamientos que permitieron desbaratar la red en marzo de 2023.

Durante la investigación, las fuerzas federales secuestraron 13.292 dólares, 12.072.340 pesos, seis armas de fuego y otros elementos.

Según fuentes judiciales, los líderes de la organización serían Alan “Lawers” Ávila (31), un comerciante de criptomonedas que reside en la ciudad de Córdoba; Fernando Chiorazo (46), que vive en un country de la localidad bonaerense de Pilar y Lucas Morales (29).

La Fiscalía requirió también que sean enviados a juicio oral Jesse Jiménez Mendoza (31), un remisero y prestamista peruano que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Waldimer Hernández Ordoñez (45), vendedor de muebles oriundo de Colombia, Brian Antúnez (28), profesor de baile y remisero, Rodrigo Tristán (35), organizador de eventos y Pablo Hurtado (60), guía de caza.

A todos se los considera responsables del tráfico de estupefacientes en las modalidades de siembra, cultivo, producción, distribución y comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas.

De acuerdo con la acusación, Ávila, Chiorazo y Morales estaban a cargo de la adquisición de la materia prima para producir estupefacientes y del cultivo de las plantas de marihuana.

Luego, por intermedio de los otros cinco imputados, se concretaba el suministro y distribución de estupefacientes en la zona norte de la provincia y en otras ciudades cercanas. A su vez, Jiménez Mendoza proveía de estupefacientes a Hernández Ordoñez, distribuidor en los últimos eslabones de la cadena de comercialización.

Del mismo modo procedía Morales con su pareja, que se encuentra prófuga junto con otras dos personas a pesar de una orden de captura nacional e internacional aún vigente.

El 6 de mayo de 2022, una avioneta Cessna sin matrícula que había sido detectada en maniobras irregulares fue abandonada en un predio rural de El Socorro, tras un aterrizaje forzoso.

En su interior se encontraron hojas de coca, sobres de bicarbonato, chips de teléfono bolivianos y anotaciones que indicaban la procedencia internacional de la operación.

Así empezó una extensa investigación enmarcada en la operación regional “Rompiendo Alas” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). 

Con la participación de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, las autoridades pudieron identificar una ruta aérea desde Bolivia y Perú para introducir estupefacientes en Argentina.

A partir de ese momento, la Unidad Fiscal San Nicolás, encabezada por Di Lello, instruyó la investigación junto al fiscal coadyuvante Wenceslao Insúa con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).