A dos años de su puesta en marcha, el protocolo antipiquetes volvió al centro de la escena y abrió un nuevo frente. 

El Poder Ejecutivo decidió dar pelea para frenar el avance judicial contra la Resolución 943/2023,  herramienta diseñada para evitar los cortes de calles y rutas durante las distintas protestas.

La estrategia quedó en manos de la flamante ministro de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien heredó el esquema impulsado en su momento por Patricia Bullrich. El objetivo es claro: sostener la vigencia del instructivo.

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal recibió la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo que había declarado la nulidad del reglamento para el mantenimiento del orden público ante cortes de circulación.

 El dato clave es que la Cámara concedió el efecto suspensivo del amparo, lo que implica que el protocolo seguirá vigente hasta que haya una resolución definitiva.

El recurso fue presentado por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, Marcelo Cippitelli, quien cuestionó la sentencia por no ponderar “los efectos materiales e irreversibles” que, según el Ejecutivo, generaría dejar sin efecto la norma en la vida cotidiana del resto de la población.

Desde el Gobierno insistieron en que se trata de una “mera impartición de instrucciones” para brindar un marco de actuación a las fuerzas policiales y de seguridad ante cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías bajo jurisdicción federal, y no de una norma que restrinja el derecho a la protesta.

El planteo oficial choca  con el criterio del juez federal Martín Cormick, quien había declarado la nulidad del protocolo al considerar que, bajo la forma de una resolución administrativa, se regulan derechos constitucionales y convencionales que solo pueden ser modificados por una ley del Congreso.