Venezuela implementa el decreto de conmoción exterior, vigente por 90 días prorrogables, habilita controles reforzados, detenciones preventivas y militarización de infraestructuras estratégicas.

 En Caracas ya se multiplicaron retenes y denuncias de revisiones de celulares, mientras crece la tensión por detenciones de al menos 14  periodistas

Desde el lunes rige en Venezuela el estado de excepción, denominado oficialmente estado de conmoción exterior, y el impacto ya se siente en las calles. En Caracas se multiplicaron los puntos de control, donde fuerzas de seguridad detuvieron a peatones y conductores, los obligaron a descender de sus vehículos y revisaron sus teléfonos celulares, en una de las primeras señales visibles del endurecimiento del control estatal.

El decreto fue publicado en Gaceta Oficial con fecha 3 de enero, el mismo día en que Maduro fue capturado en Caracas tras una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares

El texto declara un estado de conmoción exterior por 90 días, prorrogable por un período igual, y ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Además, militariza infraestructuras críticas —como servicios públicos, telecomunicaciones, energía e industria petrolera— y habilita facultades extraordinarias para el Ejecutivo, entre ellas: Requisar bienes, cerrar fronteras, restringir circulación, suspender o prohibir manifestaciones e intervenir infraestructuras consideradas estratégicas

El decreto habilita detenciones ante conductas consideradas como alteración del orden público o riesgos para la seguridad nacional. En los hechos, el Estado queda facultado para arrestar a personas que: incumplan restricciones de circulación, participen en concentraciones o marchas no autorizadas, sean consideradas sospechosas de “afectar infraestructuras críticas” militarizadas, realicen acciones calificadas como “incitación”, “perturbación del orden” o “apoyo a agresiones externas”, difundan mensajes, audios o publicaciones que el gobierno interprete como colaboraciones con actores externos

El decreto se apoya en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite declarar conmoción interior o exterior cuando un conflicto ponga en riesgo la seguridad nacional. En ese marco, la norma fija límites: no pueden suspenderse derechos intangibles como: derecho a la vida, debido proceso, prohibición de tortura e incomunicación, derecho a la información.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron inconsistencias institucionales. 

La ONG Acceso a la Justicia subrayó que el mismo día en que se firmó el decreto, el Tribunal Supremo declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pese a ello, el decreto aparece suscripto por Maduro, lo que abre interrogantes sobre su validez formal y el encuadre jurídico del nuevo régimen.

El estado de excepción también impactó sobre la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que 14 periodistas fueron detenidos y luego liberados durante un operativo desplegado mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta interina.

Según el sindicato, los arrestos se produjeron en inmediaciones del Palacio Legislativo y afectaron a 11 corresponsales de medios internacionales, que fueron sometidos a interrogatorios y a la revisión forzada de celulares. Aunque todos recuperaron la libertad horas después, uno fue deportado a Colombia.

El SNTP denunció además que se impuso una prohibición estricta de transmitir en vivo, grabar o tomar fotos, y recordó que 23 periodistas siguen detenidos de manera prolongada en Venezuela.

En paralelo, el corresponsal de CNN Stefano Pozzebon, periodista italiano, fue detenido y expulsado del país al llegar al aeropuerto de Caracas. Permaneció retenido varias horas antes de ser deportado a Colombia pese a contar con permiso de residencia.