El final legal de una de las instituciones de salud más reconocidas de Junín llegó a través de un edicto. Tras la publicación oficial realizada ayer, tomó estado público la quiebra del Instituto Médico de la Comunidad S.A. (IMEC), dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Junín.
La medida, fechada el 26 de noviembre de 2025 bajo el expediente N° JU-3090-2024, marca el cierre definitivo del ciclo para la clínica que funcionaba en Alsina 224 y que había dejado de operar en 2023. Ahora, se abre una instancia clave: la liquidación de activos para intentar cubrir el pasivo que dejó la empresa.
El fallo judicial ordena al fallido y a terceros que posean bienes de la empresa que los entreguen a la sindicatura designada, a cargo del Estudio Di Santo y Asociados. Asimismo, se prohíbe realizar pagos a la firma y se dispone la intercepción de correspondencia y libros contables.
Para los acreedores, el reloj ya empezó a correr: tienen tiempo hasta el 17 de marzo de 2026 para presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.
El impacto social de la caída de IMEC se mide en puestos de trabajo perdidos. Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín, graficó el vaciamiento progresivo de la institución: "Al empezar todo el proceso de decadencia había alrededor de 97 o 98 empleados y en el último tiempo habían quedado poco más de 60".
Según el dirigente gremial, el detonante judicial habría sido una deuda de ART, a la que ahora se sumarán los reclamos de ex empleados, proveedores y el fisco. "Ahora se liquidarán todos los bienes hasta cubrir estas acreencias", explicó Azil.
La quiebra de IMEC no es un hecho aislado, sino la foto más visible de una película recesiva que golpea al tejido empresarial de la región. Según estadísticas de la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Junín, las quiebras se dispararon en el último período.
Los números son elocuentes:
Entre 2024 y fines de 2025 se iniciaron 45 quiebras (43 de ellas "pequeñas", que afectan a PyMEs y personas físicas), el valor más alto de los últimos años.
En contraste, en el período 2018/2019 se registraban apenas 11 casos.
También se dispararon los juicios por cobros ejecutivos, con 1.935 expedientes iniciados en el último año, rozando los máximos históricos de 2018.
El abogado especialista Ignacio Farías detalló que la etapa liquidativa busca "vender el activo que tiene esa compañía y distribuir el producto de esa venta a los acreedores", aunque advirtió sobre la crudeza del proceso: "Los valores de liquidación suelen ser inferiores a los valores de mercado".
Con la confirmación judicial, IMEC pasa a engrosar la lista de empresas locales que no pudieron sobrevivir a la coyuntura, dejando un vacío en la infraestructura sanitaria de la ciudad y un conflicto laboral que ahora deberá resolverse en los tribunales.