El último miércoles,  en los Tribunales de San Martín se vivió una escena de máxima tensión.  Alrededor de 20 personas irrumpieron a los gritos en el edificio judicial  para amenazar al juez Nicolás Schiavo.

El episodio se desató en la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5, a las 11. 30 de la mañana, donde el grupo exigió ver al magistrado. Los empleados judiciales, en medio del pánico, lograron improvisar una barricada en la escalera para frenar el avance de los agresores.

Sin embargo, la violencia escaló y los atacantes rompieron una ventana y accedieron al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados. El objetivo era intimidar al juez Schiavo, quien había intervenido en causas que involucran a la banda.

Según fuentes judiciales, los agresores estarían vinculados a una organización que perdió armas de fuego y otros elementos durante un allanamiento realizado la semana pasada en Villa Maipú, dentro del partido de San Martín. En ese operativo, la policía detuvo a seis hombres y tres menores, todos sospechados de integrar una banda dedicada a la venta de droga.

El magistrado describió el episodio como un ataque que no solo perturba el normal desarrollo de la Justicia, sino que representa “un problema institucional que atañe a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires”.

Para el juez, la responsabilidad no debe enfocarse en los individuos involucrados, sino en el hecho de que “los funcionarios públicos no tenemos que personalizar los problemas” y que tales hechos afectan seriamente la función de las instituciones.

Con relación a la preocupación y el clima generado entre los trabajadores, el magistrado expresó: “Mi principal preocupación era el personal del juzgado”. Luego, subrayó que existen precedentes de manifestaciones pacíficas en dependencias judiciales, en las cuales los jueces recibieron a los manifestantes y canalizaron sus demandas. No obstante, aclaró que la naturaleza del hecho reciente difiere sustancialmente: lo ocurrido esta vez fue un acto de violencia inusitada que obligó a tomar medidas internas inmediatas.

Consultado sobre la incidencia del avance del narcotráfico como elemento de presión y violencia dentro de la provincia de Buenos Aires, el juez reconoció la gravedad de numerosos casos que tramita la justicia penal, aunque matizó que no le corresponde emitir juicios al respecto. Sin embargo, admitió que “el narcotráfico está avanzando, es algo que es evidente, y claramente hay determinadas situaciones que son más graves que otras”.

El episodio, según relató el magistrado, no responde a una queja gremial por las condiciones edilicias ni a una protesta específica contra su persona, sino que forma parte de una crisis institucional más amplia: ataques y situaciones de violencia se dan “todos los días” en diferentes órganos jurisdiccionales y en otros entes del sector público.

Por lo sucedido, la Red de Jueces Penales Bonaerenses, con la firma de su presidenta, María José Lescano, y Julio Andrés Grassi, en caracter de secretario de la entidad, emitió un duro comunicado, que dice:

"Ante los gravísimos hechos que se desarrollaran en esta jornada en la sede del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial San Martín, en ocasión del dictado de una medida de detención en el marco de una causa en la que se investiga la actuación de una organización criminal dedicada al narcotráfico, 

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires estima necesario expresar lo siguiente: Conforme surge de la información recabada en los propios estrados del referido Juzgado, en horas del mediodía, un grupo de aproximadamente veinte personas, portando armas blancas, irrumpió de manera violenta en la sede del tribunal, intentaron copar por asalto los despachos con evidente riesgo de lesión a quienes se encontraban trabajando en ese organismo, incluido el Dr. Nicolás Schiavo, Titular del Juzgado. La información periodística detalla además que en el momento de la irrupción había tres personas en la mesa de entradas, que había una mujer embarazada. Los empleados atinaron a montar una suerte de barricada con chapones para que los agresores no pudieran subir al primer piso. Los desconocidos rompieron una ventana con la intención de  llegar hasta el despacho del juez y el de sus colaboradores e intentaron lesionar a quienes se hallaban en el interior arrojando estocadas con armas blancas.

La tardía intervención de las fuerzas de seguridad solo habría logrado la dispersión del grupo agresor, sin impedir que sus integrantes profirieran amenazas directas y explícitas contra quienes laboran en el juzgado anunciando que volverían, que los interceptarían a la salida del trabajo e incluso los seguirían por donde fueran, a la vez que vociferaban “ya saben lo que les va a pasar”.

 Calificar lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia es evidente y no requiere de mayores reflexiones. Las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal, excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual. Lo mismo cabría decir de muchos juzgados de paz, juzgados de familia y dependencias de los ministerios públicos. Muchas veces sin cámaras de seguridad, sin custodia, sin un mínimo de sistema de prevención de riesgos.

No es irrazonable tampoco concluir que hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción por parte de la provincia de Buenos Aires de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo que no solo afecta la salud, sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios. De todas formas, abrigamos la firme expectativa de que el evento que nos ocupa sea esclarecido a la brevedad, identificados los responsables y debidamente sancionados.

La Corte tiene la posibilidad de ahondar en el conocimiento de esta problemática abriendo un espacio de comunicación con jueces y juezas de la primera instancia, pues allí es donde las causas judiciales presentan su primera manifestación, donde la dimensión de la violencia social se vincula de manera inmediata con el sistema de justicia, el espacio en el cual los reclamos de justicia, seguridad y respuesta se muestran de manera más cruda y urgente.

Es por ello que solicitamos con urgencia a la cabeza del poder judicial de la provincia que se adopten las medidas necesarias desde ese máximo tribunal y ante las instancias de los demás poderes estatales para garantizar la seguridad personal de los magistrados, funcionarios y empleados del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial San Martín, ante la urgencia de este caso. Requerimos, además, que se instrumenten los remedios para que jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas trabajen con la seguridad que la administración de justicia exige y que la comunidad merece".

Ante los graves hechos registrados en las últimas horas en los Tribunales de San Martín donde se vivió una escena de máxima tensión cuando  alrededor de 20 personas irrumpieron a los gritos en el edificio judicial y entró al edificio para amenazar al juez Nicolás Schiavo, desde la Asociación de Fiscales de Buenos Aires, salieron a respaldar al magistrado y reclamar a las autoridades

El episodio se desató en la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5, a las 11. 30 de la mañana, donde el grupo exigió ver al magistrado. Los empleados judiciales, en medio del pánico, lograron improvisar una barricada en la escalera para frenar el avance de los agresores.

Sin embargo, la violencia escaló y los atacantes rompieron una ventana y accedieron al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados. El objetivo era intimidar al juez Schiavo, quien había intervenido en causas que involucran a la banda.

Asociación bonaerense de Fiscales

Desde la Asociación bonaerense de fiscales también salieron a respaldar al Juez amenazado en los Tribunales de San Martín remarcando la gravedad  de   las “condiciones en las que diariamente desarrollamos nuestra labor”.

“Tal como venimos denunciando –reitera-, las deficiencias estructurales, la precariedad en las condiciones de trabajo y la desprotección con la que debemos afrontar nuestras funciones tornan imposible cumplir de manera plena y eficaz, el rol constitucional que se nos exige”.

"A ello se suma la persistente falta de toma de conciencia por parte de las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires respecto de sus responsabilidades indelegables en materia de resguardo institucional y personal de quienes integramos el Ministerio Público Fiscal”.

“En este contexto, manifestamos nuestra solidaridad con el Sr. Juez Dr. Schiavo, frente a la situación que le ha tocado atravesar y ponemos a disposición nuestra colaboración institucional y profesional para todo aquello que resulte necesario”.

2Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la legalidad, el servicio de justicia y la protección de quienes día a día sostenemos el funcionamiento del sistema penal en condiciones adversas”, finaliza el documento.