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Regionales  Sábado 25 de enero de 2020 - 17:56 hs.                989
  Regionales   25.01.2020 - 17:56   
Se cumplieron dos años de la detención de Fernández y su liberación sería inminente
Así lo establece la Ley Nº 25.430 y alcanzaría a los tres detenidos que tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. El ex intendente, junto al ex tesorero municipal, Marcelo Porto, y al ex contador comunal, Walter Fernández, fueron detenidos, junto a otras dos personas, el 24 de enero del 2018.

No se trata de un hecho menor, ya que, según la Ley Nº 25.430, “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años sin que se haya dictado sentencia” (artículo 1º). Por lo tanto, se espera que, en las próximas horas, los tres imputados que cumplen con prisión domiciliaria, sean puestos en libertad.


CRONOLOGÍA. El 24 de enero de 2018, al mediodía, la noticia de las aprehensiones del ex intendente Jorge Fernández y otras cuatro personas que habían trabajado en su gestión, sacudió a Lincoln.


Un día como hoy, hace exactamente dos años atrás, ocurrió uno de los hechos político-policiales más relevantes de la historia de Lincoln. Por primera vez, un ex intendente y varios de sus ex funcionarios fueron detenidos por presuntos hechos de corrupción.


Fernández fue arrestado cerca de aquel caluroso mediodía en su domicilio, ubicado en la Ruta Nacional Nº 188, a partir de una denuncia por presunta “defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales”, según se informó en aquel momento.


También fue señalado que la causa incluía los delitos de “Cohecho”, “Asociación ilícita” y “Enriquecimiento ilícito”. La investigación la había llevado adelante, a lo largo de toda la instrucción, el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (Ufij) Nº 2 de Junín.


Por la misma investigación también fueron detenidos, en idéntica franja horaria, los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Hacienda) y Silvia Mazaitis (ex empleada de Tesorería). Además, por la tarde se materializó el arresto de Marcelo Porto (ex tesorero comunal).


En ese momento, los cuatro hombres fueron llevados a General Pinto, donde fueron alojados en un mismo calabozo de la estación de la Policía Comunal de esa ciudad. La mujer, por su parte, fue trasladada a la localidad de Baigorrita, donde estuvo cinco días, ya que el lunes 1 de febrero, tras haber prestado declaración, fue liberada.


Jorge Fernández, Walter Fernández, Porto y Ruiz continuaron sus días en el oscuro calabozo de General Pinto, hasta que el miércoles 28 de febrero del 2018, la jueza Marisa Muñoz Saggese dictó la prisión preventiva. Fue así que el viernes 9 de marzo de ese mismo año, los cuatro hombres fueron trasladados a Junín. Por la mañana, temprano, comenzaron los movimientos en la esquina de la avenida Mitre y la calle Gowland, de General Pinto. Para las 11:00 horas, todo estaba listo y, cerca de las 13:00, los cuatro imputados fueron introducidos en el móvil y partido hacia el acceso “Guerino Volpe”, y, desde allí, por la Ruta Nacional Nº 188, hasta la Unidad Penal Nº 13 de Junín.


EL CASO RUIZ. El martes 26 de junio del 2018, la Justicia le concedió la libertad al detenido Mario Ruiz, tras varios meses de haber reclamado su excarcelación, luego de que se confirmara que las firmas que figuraban en las pruebas de la causa eran falsas.


A mediados de mayo de ese año, las pericias confirmaron los dichos de la defensa de Ruiz, que habían asegurado que las firmas eran apócrifas. Sin embargo, la Justicia no expidió con celeridad sobre su situación, lo que generó una serie de reclamos por parte de familiares, amigos y allegados al contador, quienes exigían su libertad.


DOMICILIARIA. Los otros tres imputados continuaron detenidos en la cárcel de Junín, hasta que el sábado 29 de septiembre del 2018, se pudieron ir a sus casas para continuar con arresto domiciliario.


Las morigeraciones habían sido otorgadas por la titular del Juzgado de Garantías Nº 2, Marisa Muñoz Saggese, luego de que así lo resolviera la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Junín.


En esa condición permanecieron durante más de un año, aunque a Walter Fernández y a Marcelo Porto se les concedió la autorización para salidas laborales. Jorge Fernández, por su parte, no podía salir de su quinta de la ruta 188.


Recién el jueves 19 de diciembre de 2019, el ex intendente de Lincoln pudo caminar dentro de su quinta sin la tobillera que controlaba sus movimientos.


El retiro del artefacto fue en virtud de “una modificación del sistema de monitoreo”, y con la anuencia de la jueza Marisa Muñoz Saggese. No obstante, Fernández no podía salir de su residencia sin el permiso de la Justicia.


“Me siento muy feliz y reconfortado por los miles de mensajes que vengo recibiendo constantemente. Sin embargo, lo que para muchos es motivo de felicidad, para mí continúa siendo una injusticia”, manifestó Fernández en esa instancia.


En ese marco, el 6 de enero de este año, en diálogo con La Posta Radio, dijo: “Hace 712 días que estoy privado de la libertad ilegítimamente. Es una situación injusta y que no solamente me duele a mí, sino a todos los demás que están atravesando este proceso. Cuando algo está mal hecho, hay que decirlo. En Argentina se sostuvo una postura, que fue la de llevar presas a las personas antes de ser juzgadas, antes de tener una prueba. Nos arrancaron de nuestras casas sin mediar siquiera una citación”.


“Cualquier acusación se tiene que manejar con pruebas. Se hizo la denuncia en mi contra por ‘Enriquecimiento ilícito’ y, cuando llegaron a la instancia de llevar el grado de pruebas para hacer la imputación, no existe nada. Es una locura lo que han hecho”, agregó.


Fernández les apuntó al actual intendente, Salvador Serenal, y a quienes lo habían acompañado en ese proceso. “Son los tipos que levantaban la bandera de la transparencia y el diálogo. Solamente están injuriando al otro sin pruebas, porque no tienen absolutamente nada, ya que, de veinte preguntas, no pudieron contestar una. Es una persecución política”, consideró en aquellas declaraciones.



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