La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) provocó un fuerte cimbronazo político.

El caso tomó otra dimensión cuando la Justicia allanó la vivienda de Ornella Calvete, directora nacional de desarrollo regional y sectorial, donde se incautaron cerca de 700.000 dólares y otras divisas. 

El hallazgo aceleró su renuncia a la Secretaría de Industria y Comercio, área dependiente de Economía, que consideró insostenible su continuidad en funciones tras la difusión del operativo.

La causa que involucra a Calvete se desprende de una pesquisa mayor sobre contratos sospechosos, posibles retornos ilegales y movimientos vinculados a proveedores públicos dentro de ANDIS. El Ministerio Público Fiscal ordenó varios allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y, en el domicilio de la funcionaria, los agentes secuestraron dinero, documentos y dispositivos electrónicos claves para la investigación.

El expediente también expone intercambios de mensajes entre Ornella Calvete y su padre, el empresario Miguel Ángel Calvete, en los días previos a los operativos. 

Según documentos citados por Infobae, la funcionaria alertó a su padre sobre presencia policial y, en ese marco, ambos hablaron sobre la situación financiera de INDECOM, la disponibilidad de efectivo y posibles respuestas ante eventuales preguntas. En uno de esos diálogos, su padre le recomendó una versión ante un eventual hallazgo de fondos: “digo que me lo prestó alguien, olvidate”. En otra conversación, fechada el 10 de septiembre, Calvete padre mencionó vínculos con una reconocida ortopedia y dejó entrever promesas de beneficios si un encuentro avanzaba según lo esperado.

La Justicia confirmó que el allanamiento que reveló el dinero se realizó el 9 de octubre de 2025, y que el monto en poder de la funcionaria asciende a cerca de 700.000 dólares. En paralelo, Miguel Ángel Calvete fue citado a declarar en Comodoro Py en el marco del mismo expediente, sumando tensión a un caso que permanece bajo secreto parcial.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía trabaja en la designación de un reemplazo para la funcionaria removida. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas contra exfuncionarios y empresarios vinculados a los contratos bajo sospecha, mientras se analizan conversaciones, documentos y registros financieros recolectados durante los distintos procedimientos.