La maniobra delictiva había sido denunciada semanas atrás por una empresa pergaminense  que descubrió cómo sus cuentas bancarias habían sido vaciadas en cuestión de horas. Mediante transferencias electrónicas fraudulentas, los delincuentes movieron sumas millonarias con un nivel de planificación que llamó la atención de los investigadores.

Desde el inicio, la Fiscalía pidió la intervención del equipo especializado en delitos informáticos, que se sumergió en un complejo rastreo digital para seguirle el rastro al dinero.

Los especialistas en Cibercrimen desplegaron herramientas para reconstruir cada paso de la maniobra: conexiones remotas, perfiles falsos, dispositivos intervenidos y un entramado de cuentas bancarias que funcionaban como “puentes” para disimular los movimientos.

El trabajo permitió rastrear el camino del dinero y devolvérselo a la víctima, y detectar nodos operativos en distintas jurisdicciones.

 Con esa información en mano, la Justicia autorizó una serie de allanamientos simultáneos.

Fueron cinco procedimientos realizados en paralelo: dos en el conurbano bonaerense (en Villa Hermosa y Florencio Varela) y tres en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo fue claro: secuestrar computadoras, celulares, discos rígidos y documentación que permitan profundizar la investigación y desenmascarar la estructura detrás del fraude.

Los dispositivos asegurados ya están bajo pericias de informática forense para determinar cómo operaba la organización, quiénes eran los responsables directos y si existen otras ramificaciones de la red delictiva.

La estafa millonaria dejó al descubierto el alcance de las organizaciones criminales en el mundo digital y, a la vez, la importancia del trabajo coordinado entre fiscales, equipos especializados en Cibercrimen y unidades de investigación.