El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín ha elevado su preocupación ante las autoridades locales respecto al ejercicio ilegal de la profesión y la proliferación de publicidad indebida en la vía pública por parte de personas o empresas sin habilitación.

El Intendente Román Bouvier recibió a los representantes del sector en el Palacio Municipal en un encuentro solicitado por los martilleros para abordar esta problemática que afecta la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín, explicó que el eje central de la gestión es la presentación de un proyecto de ordenanza impulsado conjuntamente con el colegio provincial y todos los colegios departamentales, con el objetivo de que los concejos deliberantes locales puedan regir y legislar el uso de la publicidad en la vía pública.

“Fuimos convocados por los colegas de Rojas, integrantes del Departamento Judicial Junín, solicitando una reunión con el Intendente ya que el tema que nos ocupa es la presentación de un proyecto de ordenanza que llevamos adelante conjuntamente con el colegio de la provincia de Buenos Aires y todos los colegios departamentales... para que las Municipalidades puedan regir y legislar respecto al uso en la vía pública de publicidad indebida“, detalló Di Palma.

Esta iniciativa, que ya ha sido implementada en más de setenta municipios de la provincia de Buenos Aires, busca proteger a la sociedad. 

“Esto significa una forma de proteger a la sociedad en cuanto a lo que implica el ejercicio ilegal de la profesión, el ejercicio indebido de la actividad inmobiliaria por personas o empresas que pretenden hacerlo sin la correspondiente habilitación legal”, agregó.

Di Palma fue enfático al señalar que la publicidad en carteles de vía pública está estrictamente reservada a quienes cumplen con la ley.

“La realidad es que el único que puede publicitar en la vía pública, o sea poner un cartel, es toda personas que ejerza el corretaje debidamente, que esté registrado en el colegio profesional, que tengan matrícula habilitante y que tengan el título concordante”, remarcó.

En este sentido, el titular del Colegio subrayó que la implementación de redes sociales y nuevos medios ha generado un aumento de personas que intentan ingresar a la actividad "en forma indebida" sin la habilitación correspondiente.

El rol de los colegios profesionales es esencial en este contexto, ya que son organismos creados por delegación del Estado a través de una ley.

“En consecuencia los colegios profesionales, como el que presido en estos momentos, están creados en efecto para el control de la matrícula y el orden jurídico según lo establecido en el régimen inmobiliario. En este contexto debemos prevalecer y prevenir a la sociedad de la ilegalidad y prevalecer las leyes sobre todas las cuestiones”, afirmó.

Si bien reconoció que no pueden reglamentar las redes sociales, sí pueden hacer uso de sus atribuciones legales para ejercer un control estricto de la matrícula. Esto les permite elevar denuncias pertinentes ante otros estamentos jurídicos de la provincia, como los ministerios públicos, contra el ejercicio ilegal de la profesión.

La meta final, según Di Palma, es asegurar "la seguridad jurídica y la transparencia en los trámites inmobiliarios", previniendo a la sociedad en lo que respecta a sus bienes.