El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó modificaciones en el régimen de servicios adicionales de la Policía Bonaerense (POLAD), a través del decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof 

La medida introduce precisiones sobre qué tipos de licencia inhabilitan a los efectivos a realizar horas extra y, al mismo tiempo, amplía las atribuciones del Ministerio de Seguridad para redefinir esas restricciones en el futuro.

Hasta ahora, la normativa impedía realizar servicios adicionales a quienes se encontraran bajo “cualquier tipo de licencia”, una redacción amplia que generaba interpretaciones diversas. Con la nueva disposición, se detallan de manera taxativa los casos en los que no se podrá acceder al sistema de adicionales.

Quedarán excluidos los agentes que se encuentren con licencia por: enfermedad o accidente, maternidad, nacimiento de hijos, adopción, cuidado de familiares enfermos, donación de órganos y exámenes

Durante esos períodos, el sistema bloqueará automáticamente la posibilidad de autorizar servicios pagos.

El decreto también habilita al ministro de Seguridad, Javier Alonso, a ampliar o modificar mediante resolución administrativa el listado de licencias que impiden realizar horas extra. Esto implica que futuras modificaciones podrán implementarse sin necesidad de sancionar una nueva norma de rango superior.

La reforma no altera aspectos centrales del régimen POLAD. Continúan vigentes: El carácter voluntario de la inscripción para realizar servicios adicionales. La exigencia de que el efectivo se encuentre de franco para prestar esas tareas. El límite del 3% del costo total destinado a funciones de apoyo dentro del sistema.

La actualización normativa se produce en un escenario de malestar interno vinculado a los ingresos del personal policial. Desde el propio Ministerio reconocen que los salarios iniciales resultan insuficientes y estiman que alrededor de 30.000 efectivos complementan sus haberes con otras actividades laborales, además de los adicionales.

La reforma impacta directamente en la economía cotidiana de miles de agentes, al tiempo que fortalece el control administrativo sobre el acceso a los servicios extras y redefine las condiciones bajo las cuales podrán ser autorizados.