El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario y actualizar criterios que, según señalaron, presentan dificultades en su aplicación.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni tras una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones.

La iniciativa plantea modificaciones centrales en el enfoque actual, entre ellas el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por el de trastornos mentales o del comportamiento, alineado con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), con el objetivo de lograr mayor precisión en los diagnósticos.

Uno de los cambios más relevantes apunta a los criterios de intervención. El proyecto propone sustituir el enfoque vigente por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando antecedentes y contexto para permitir intervenciones más oportunas.

En ese marco, se mantiene que la internación será un recurso excepcional, pero se introducen ajustes en los procedimientos. En casos de urgencia, un médico psiquiatra podrá disponer una internación involuntaria que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se extendería de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial.

El proyecto también contempla que, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad de decisión y, en caso de estar comprometida, la internación podría transformarse en involuntaria con intervención de la Justicia.

Desde el Gobierno señalaron que la ley actual presenta problemas de implementación a nivel federal, con diferencias entre provincias en cuanto a infraestructura y recursos. Indicaron que solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente y que no todas cuentan con servicios adecuados de salud mental en hospitales generales.

En cuanto al modelo de atención, la propuesta plantea revisar el enfoque que impulsaba el cierre de hospitales psiquiátricos. En su lugar, propone fortalecer una red integrada según niveles de complejidad, que incluya tanto hospitales especializados como servicios en hospitales generales, dispositivos comunitarios y residencias asistidas.

Tal como publica Clarín, actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que, a criterio oficial, refleja la necesidad de sostener espacios de internación especializada dentro del sistema. Mientras tanto, el proyecto comenzará su recorrido legislativo en las próximas semanas.