Una serie de presuntas maniobras ilícitas  se detectó dentro de  la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, donde internos habrían montado una estructura organizada para recaudar dinero mediante amenazas, coerción y la explotación de actividades prohibidas.

La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien analiza una denuncia que describe el funcionamiento de un sistema liderado por un grupo de reclusos conocido como “la limpieza”. 

Según la presentación judicial, estos internos ejercerían un control total sobre el pabellón 16, sección B, destinado a alojar a detenidos con antecedentes en fuerzas de seguridad.

De acuerdo a lo expuesto, bajo ese dominio se habrían desarrollado múltiples “emprendimientos” internos, que incluían servicios de peluquería, venta de alimentos, cigarrillos y otros productos. 

Los precios eran fijados de manera arbitraria y, en muchos casos, el pago resultaría obligatorio incluso para acceder a condiciones básicas de permanencia dentro del sector.

La denuncia también da cuenta de un sistema de recaudación periódica que incluía el cobro por “derecho de estadía”, uso de espacios comunes y acceso a visitas. 

Los pagos podían realizarse en efectivo, cigarrillos o mediante billeteras virtuales. Quienes no cumplían con estas exigencias eran sometidos a presiones, agresiones físicas y amenazas de traslado o sanciones internas.

Uno de los puntos más delicados del expediente refiere a la presunta complicidad de personal penitenciario, que habría facilitado el ingreso y egreso de mercadería, permitiendo el funcionamiento de estas actividades dentro del penal. Además, se investigan posibles irregularidades en traslados y trámites administrativos, que habrían sido utilizados como mecanismos de presión.

El cuadro se agrava con testimonios de internos que denunciaron consecuencias en su salud física y mental producto del hostigamiento constante, así como expulsiones arbitrarias del pabellón.

En este contexto, días atrás se llevó a cabo un operativo de gran magnitud en el establecimiento, donde se secuestraron más de un centenar de teléfonos celulares, computadoras, routers, dispositivos de almacenamiento y equipos para conexión a internet, incluyendo amplificadores de señal.

Según la denuncia, la estructura interna contaba con una lista de precios establecida. 

Un corte de cabello podía costar desde 4.000 pesos o tres paquetes de cigarrillos; las tortas se ofrecían a 9.000 pesos; las pizzas  17.000 y  gaseosas  25.000 pesos. Un sándwich de milanesa se comercializaba entre 15.000 y 16.000 pesos, mientras que una porción de pastas frescas rondaba los 15.000.

Un “spa” y presuntas actividades delictivas

Entre los aspectos más llamativos figura la existencia de un supuesto espacio de hidromasaje y sauna instalado en un entrepiso del sector de talleres, que habría sido administrado por un interno condenado por un homicidio resonante.

La investigación también menciona la posible existencia de un “call center” clandestino, equipado con routers WiFi, que habría sido utilizado para cometer estafas virtuales. A esto se suma el presunto ingreso de sustancias ilegales y medicamentos, además de otros elementos prohibidos dentro del penal.

La Justicia busca determinar si estos hechos configuran una asociación ilícita dentro del establecimiento penitenciario, así como el grado de responsabilidad de los distintos actores involucrados, incluyendo eventuales omisiones o complicidades dentro del servicio penitenciario bonaerense.