.Una investigación judicial derivó en la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de haber participado de un episodio de extrema violencia contra cuatro mujeres alojadas en la Unidad N° 51 de Magdalena.

El expediente comenzó a tomar impulso luego de una denuncia presentada a principios de junio por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La causa quedó en manos del fiscal platense Álvaro Garganta, quien avanzó con distintas medidas luego de recibir testimonios coincidentes de las internas y elementos que, según la investigación, respaldarían parte de sus relatos.

De acuerdo con la acusación, el episodio se habría producido durante la noche del 3 de junio, a partir de un conflicto registrado dentro de una de las celdas del establecimiento. La intervención del personal penitenciario habría derivado en un operativo que terminó con golpes y presuntas vejaciones contra las detenidas.

Entre los elementos incorporados a la causa figuran los informes realizados por especialistas de la Asesoría Pericial, que habrían detectado lesiones compatibles con las agresiones denunciadas.

Entre las personas detenidas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento de la unidad y tenía rango de alcaide mayor.

Según la imputación fiscal, la funcionaria habría tenido un papel central durante el procedimiento y estaría acusada de participar directamente en algunos de los hechos denunciados.

La investigación también alcanzó a otras siete agentes penitenciarias, entre ellas personal jerárquico, integrantes del área de requisa y trabajadores vinculados al sector de Sanidad. Una de las acusaciones apunta además a una presunta alteración de documentación relacionada con las lesiones sufridas por una de las víctimas.

En tanto, varios agentes masculinos que habrían participado del procedimiento habrían actuado con el rostro cubierto.

Con la evidencia reunida, el fiscal Garganta solicitó las órdenes de detención y allanamiento correspondientes. El procedimiento incluyó la Unidad N° 51 y domicilios vinculados con los sospechosos.

La causa investiga delitos de extrema gravedad, entre ellos torturas y abusos sexuales agravados por la condición de funcionarios públicos, aunque la responsabilidad individual de cada acusado deberá ser determinada durante el proceso judicial.

Las declaraciones de las víctimas fueron consideradas relevantes por la fiscalía debido a las coincidencias existentes entre sus respectivos relatos.

Uno de los aspectos más delicados del expediente es que, según consta en la investigación, una de las detenidas habría intentado quitarse la vida dos días después del episodio denunciado.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Servicio Penitenciario Bonaerense dispuso medidas preventivas sobre los agentes involucrados y se produjo además el desplazamiento de autoridades de la Unidad N° 51.

Paralelamente, se inició una investigación administrativa interna para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

Mientras avanza la causa penal, los 15 penitenciarios permanecen bajo investigación y deberán afrontar el proceso judicial en el que se determinará el grado de participación que tuvo cada uno en los hechos denunciados.

La investigación vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro de las unidades penitenciarias bonaerenses y, especialmente, la obligación del Estado de garantizar la integridad física y la dignidad de las personas privadas de la libertad.