La obra social más grande de la provincia de Buenos Aires enfrenta una parálisis prestacional sin precedentes.

Pacientes oncológicos y crónicos lideran marchas en toda la provincia ante la falta de insumos y medicamentos.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) atraviesa la crisis financiera y operativa muy profunda.

Con un universo que supera los dos millones de afiliados —entre docentes, policías, médicos, empleados públicos provinciales y afiliados voluntarios—, el organismo centraliza la atención sanitaria de una porción clave del país.

Hoy, esa gigantesca estructura se encuentra virtualmente paralizada por un conflicto de múltiples aristas que combina desfinanciamiento, protestas callejeras y especulación política.

Consultorios

El motor del conflicto actual radica en el millonario pasivo que los prestadores médicos denuncian acumular mes a mes.

La Agremiación Médica Platense (AMP) y las federaciones médicas del interior provincial exigen el pago de una deuda estimada entre $1.190 y $1.300 millones de pesos en concepto de honorarios retrasados y diferencias arancelarias. A esto se le suma un arrastre superior a los $4.100 millones de pesos con hospitales públicos de alta complejidad y clínicas privadas.

Por su parte, la conducción de IOMA niega la existencia de deudas vencidas y asegura que las transferencias se realizan en los plazos legales establecidos. Sin embargo, en los hechos, las medidas de fuerza de los profesionales y la suspensión de servicios programados se multiplican semana a semana, empujando a los usuarios a pagar consultas particulares o resignarse a la falta de atención.

Guerra en la Legislatura

La crisis sanitaria escaló al plano institucional y convirtió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en un campo de batalla. Bloques de la oposición lograron unificar posturas y alcanzar el quorum para debatir proyectos urgentes, pero se topan constantemente con el bloqueo del oficialismo provincial.

Los proyectos de reforma que descansan en el recinto buscan declarar la Emergencia Sanitaria y Prestacional del IOMA y otorgarle una autarquía financiera real para evitar que los aportes de los trabajadores sean desviados a la tesorería general de la provincia.

Mientras la oposición acusa a la gobernación de utilizar los fondos de la salud pública para tapar agujeros fiscales, el oficialismo contraataca apuntando al drástico recorte de partidas ejecutado por las políticas macroeconómicas del gobierno nacional.

El resultado de esta parálisis legislativa es un congelamiento absoluto de las soluciones de fondo.

La voz de las calles: "Nos están cobrando los aportes y pagamos con la vida"

Lejos de los escritorios y los debates políticos, el impacto humano del colapso se mide en las veredas de las delegaciones del instituto. Ciudades como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Olavarría son el epicentro de masivas movilizaciones organizadas por afiliados autoconvocados bajo consignas dramáticas.

A través de cartas abiertas dirigidas al poder político, los damnificados denuncian una burocracia que calificar de "inhumana". Pacientes oncológicos y crónicos exponen esperas de meses para recibir drogas de alto costo, mientras las cirugías programadas se postergan por la falta de prótesis o insumos básicos

El sistema de reintegros, carcomido por la inflación, devuelve sumas irrisorias meses después de realizados los gastos, lo que profundiza la desprotección de los sectores más vulnerables de la provincia.

El colapso de la red: farmacias, odontólogos y clínicas en retirada

La crisis no se limita a las consultas médicas generales. El sector de farmacias reporta deudas acumuladas por más de $400 millones de pesos en el cubrimiento de descuentos, lo que genera interrupciones en la provisión de medicamentos en las góndolas de barrio.

Por su parte, el rubro odontológico y los centros de diagnóstico por imágenes redujeron al mínimo su cartilla de atención por IOMA, alegando que los aranceles que perciben quedaron completamente desactualizados respecto al valor real de los insumos.

Además, clínicas privadas de renombre iniciaron procesos para bajarse del sistema prestacional, limitando las opciones de los afiliados a un sistema hospitalario público que ya se encuentra al límite de sus capacidades.