La causa por el denominado “Vacunatorio VIP” volvió a poner bajo la lupa a varias de las personas que recibieron dosis contra el COVID-19 por fuera de los criterios sanitarios establecidos durante la pandemia. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean llamados a declaración indagatoria el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky y los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.

Ahora será la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien deberá resolver si hace lugar al pedido.

Para el fiscal, los vacunados no fueron simples beneficiarios pasivos, sino que habrían tenido un rol activo en la maniobra. Por eso les atribuyó, en principio, la condición de partícipes necesarios del delito de peculado, que contempla penas de entre dos y diez años de prisión.

Según la presentación, los elementos incorporados al expediente alcanzan el “estado de sospecha” necesario para avanzar con las indagatorias. Taiano sostuvo que los beneficiarios “contribuyeron de forma sustancial” al aceptar y recibir las vacunas pese a conocer, según su postura, que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas.

Entre los nombres alcanzados por el pedido aparecen Eduardo y “Chiche” Duhalde; sus hijas María Eva y Juliana; Verbitsky; el empresario Florencio Aldrey Iglesias y familiares; Seza Manukian; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos; y el dirigente Jorge “Topo” Devoto. También figuran Taiana, Valdés, el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua y Marcelo Jorge Duhalde.

La investigación puso el foco sobre tres episodios.

El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas en un vacunatorio montado en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García. Entre los vacunados estuvieron Verbitsky, Manukian, Aldrey y tres familiares, además de Taiana y Valdés. Nueve fueron registrados en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que, según la investigación, no les correspondía.

El segundo episodio se remonta al 1 de febrero de 2021. Ese día, cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio de Duhalde, en Lomas de Zamora, donde fueron vacunados el expresidente, su esposa, sus dos hijas y su secretario privado, Carlos Alberto Mao. Taiano remarcó que la vacunación domiciliaria estaba prevista para personas imposibilitadas de trasladarse y sostuvo que no existe constancia de que Duhalde tuviera un impedimento físico.

El tercer tramo comprende la aplicación de 36 dosis en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 a 23 personas que, de acuerdo con la acusación, fueron seleccionadas por razones personales, familiares o de afinidad política. La investigación señala que buena parte de ellas fueron registradas como “personal de salud”, mientras trabajadores del propio hospital todavía no habían completado sus esquemas de vacunación.

El expediente comenzó en febrero de 2021, después de que Verbitsky contara públicamente que había recibido una vacuna tras comunicarse con González García. El escándalo provocó la salida del entonces ministro de Salud, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.

Capuchetti había archivado parcialmente en 2021 la situación de quienes recibieron las dosis al entender que no había delito. Sin embargo, la investigación cambió de rumbo: en 2024 procesó a González García por abuso de autoridad y peculado, y posteriormente la Cámara Federal confirmó los procesamientos de varios exfuncionarios.

Además, los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre los beneficiarios para determinar si tuvieron responsabilidad penal por haber accedido irregularmente a las vacunas. Con el nuevo pedido de Taiano, será Capuchetti quien defina ahora si Duhalde, Verbitsky, Taiana, Valdés y el resto de los involucrados deberán presentarse a declaración indagatoria.