El Gobierno nacional pone la mira en uno de los ejes vitales del país. La Ruta Nacional 7, la columna vertebral que une Buenos Aires con Chile y atraviesa el corazón productivo de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, será modernizada bajo un nuevo esquema de concesiones privadas.

El plan apunta directamente al tramo más crítico: los casi 600 kilómetros entre Luján y el límite entre Córdoba y San Luis, donde la ruta se reduce a una calzada simple. Este sector, denominado “Tramo Mediterráneo”, es un cuello de botella que frena el comercio y pone en riesgo la seguridad vial.

La estrategia es clara: transferir la operación y el mantenimiento a empresas privadas. Estas compañías invertirán en la infraestructura a cambio de cobrar un peaje. La Resolución 827/2025 ya formalizó la inclusión de este corredor en la Red Federal de Concesiones. Desde el Ejecutivo insisten en que no es una privatización, sino una concesión para que el Estado se retire de la gestión directa de rutas de alto tránsito.

La urgencia del proyecto tiene fundamentos concretos. Por algunos tramos de Córdoba circulan más de 3.000 vehículos diarios, con una abrumadora mayoría del 60% de camiones de carga. El resultado son demoras crónicas, accidentes y una logística que pierde competitividad hora tras hora.

Las obras prometidas son integrales: ampliación de calzada, construcción de terceros carriles, reparación total del pavimento y mejora de banquinas y drenajes. Solo en Córdoba se planifican 64 kilómetros de tercer carril y una docena de sectores de sobrepaso para agilizar el tránsito pesado.

La Ruta 7 es mucho más que asfalto. Es la espina dorsal del Corredor Bioceánico Central, la ruta por la que la producción agroindustrial argentina viaja hacia los puertos del Atlántico y busca su salida a Chile y al Pacífico. Modernizarla es un gesto político hacia los exportadores y una apuesta a reducir los costos logísticos del país.

Pero este no es un caso aislado. Es la punta de lanza de un plan más ambicioso que incluye a otras rutas estratégicas como la 3, la 8 y la 188. Es la segunda etapa de una ofensiva que también pone en la mira la concesión de cuatro represas hidroeléctricas y una lista de empresas públicas que podrían seguir el mismo camino.

El Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, acelera los tiempos. Las preadjudicaciones de estos corredores viales están previstas para antes de que termine el mes. El mensaje es contundente: el Estado se achica, el sector privado avanza y la promesa de eficiencia y seguridad vial deberá cumplirse sobre el concreto de la Ruta 7.