Una encuesta realizada entre 1.500 inquilinos de la ciudad de Buenos Aires reveló las dificultades que están enfrentando para que la nueva Ley de Alquileres se ponga en práctica y las dificultades que encuentran muchos de ellos para hacer frente a sus obligaciones.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la organización Inquilinos Agrupados el 96% de los encuestados afirmó que los propietarios e inmobiliarias todavía no se ajustan a la ley y el 32% de los inquilinos aseguró haber recibido presiones por parte de ellos para no adecuarse a la nueva normativa.

En este sentido Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados aseguró que "la nueva ley de alquileres es muy resistida por el mercado inmobiliario y están llevando adelante estrategias para no cumplir la ley ni el decreto que suspende desalojos y congela el precio de los alquileres. Además, se ve un proceso de endeudamiento muy fuerte en el sector. Es fundamental elaborar mecanismos desde el estado para lograr el cumplimiento y extender el decreto 320/20 hasta marzo del 2021 para evitar aumentos y desalojos que lleven a una crisis habitacional aún más grave”.

En cuanto a las dificultades que afrontan para el pago del alquiler, uno de cada cuatro aseguró que pagará parcialmente o no pagará este mes de julio. La encuesta confirma que el 25% del segmento que no puede hacer frente al pago del alquiler, está acumulando hasta tres meses de deuda.

Esta es una situación que afecta más a los jóvenes y entre ellos a las mujeres. El perfil de los inquilinos es "claramente juvenil", casi la mitad de los encuestados tiene entre 18 y 35 años, y seis de cada diez son inquilinas.

La mitad de los inquilinos manifestó además haber percibido ingresos inferiores a los del mes anterior y apenas uno de cada cuatro hogares inquilinos percibió alguno de los beneficios dispuestos por el Estado nacional como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Salario Complementario en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En tanto desde Inquilinos Agrupados denunciaron que "el gobierno porteño es totalmente ajeno a la situación social que afecta a los que deben alquilar vivienda, a pesar de ser la ciudad de Buenos Aires el distrito con mayor porcentaje de inquilinos en todo el país".